Seguridad para los chilenos y chilenas
SEGURIDAD PÚBLICA EN CHILE: UNA AMENAZA CRECIENTE PARA EL DESARROLLO Y LA DEMOCRACIA
Chile enfrenta una transformación estructural y un cambio del paradigma delictual en su escenario de seguridad pública. Aunque tradicionalmente fue considerado uno de los países más seguros de América Latina, los últimos años han evidenciado una erosión sostenida de ese estatus. La expansión del crimen organizado transnacional (COT), la creciente violencia urbana, el debilitamiento de las instituciones de seguridad y justicia, y el alto costo económico del delito constituyen un desafío complejo y multifacético que amenaza directamente el desarrollo sostenible y la gobernanza democrática del país.
1. UN PAÍS PARALIZADO POR EL MIEDO: PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD Y CONFIANZA CIUDADANA
En el contexto regional, Chile se encuentra entre los países donde el crimen y la violencia representan la principal preocupación ciudadana: el 69% de los chilenos identifican estos fenómenos como el problema más relevante del país, por encima de temas como la inflación, pobreza o desempleo. Esta cifra coloca a Chile como el país más preocupado por el crimen entre los 29 evaluados en el estudio global “What Worries the World” de Ipsos (2024).
A nivel barrial, un 68% de los ciudadanos señala un aumento de la delincuencia, siendo el país con mayor percepción de crecimiento en el crimen entre los países latinoamericanos analizados. En detalle, el 80% ha reportado robo de vehículos, el 72% presencia de actos vandálicos, el 66% tráfico de drogas, y más de la mitad presencia de pandillas y violencia contra mujeres en su entorno inmediato.
Desde una perspectiva de género, la situación es crítica. El 90% de las mujeres declara sentirse insegura al caminar solas de noche, el 78% teme usar el transporte público, y el 77% evita actividades cotidianas por miedo. Estas cifras no sólo reflejan una crisis de seguridad, sino también una vulneración directa del derecho a la libertad y seguridad personal, afectando desproporcionadamente a las mujeres y limitando su participación social y económica.
El miedo está paralizando el país estructuralmente, y esto se manifiesta en la vida de las personas, en las inversiones de los privados y en sus instituciones que se encuentran perplejas.
2. EL AVANCE DEL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL
El crecimiento del COT en Chile ha dejado de ser una amenaza latente para convertirse en una realidad operativa. El país ha sido identificado como zona de expansión de múltiples organizaciones internacionales. Entre ellas se encuentran el Tren de Aragua (Venezuela), Los Espartanos (Colombia), Los Pulpos (Perú), la Ndrangheta (Italia), la mafia albanesa y el Bang de Fujian (China), todos con presencia activa o en expansión en territorio chileno.
Estas organizaciones no sólo participan en tráfico de drogas, armas y personas, sino que también avanzan en procesos de gobernanza criminal, reemplazando al Estado en funciones básicas como el control territorial, la provisión de seguridad o la resolución de conflictos. Este fenómeno erosiona la legitimidad del Estado y profundiza la desconfianza ciudadana en las instituciones, generando condiciones de captura estatal y colapso institucional parcial o total en territorios específicos.
De acuerdo con el Ministerio Público de Chile, las estructuras del COT están articuladas a redes regionales que operan con financiamiento internacional, tecnologías sofisticadas y mecanismos de corrupción sistemática. La falta de una estrategia nacional articulada para contenerlas permite su avance gradual sobre las instituciones, el mercado y la sociedad.
En definitiva podemos observar como en los barrios de nuestra patria el Estado está siendo reemplazado por el COT, tanto en su dimensión fundamental que es brindarle seguridad a sus ciudadanos y que estos paguen impuestos por esta prestación primaria y fundante del estado moderno En algunos lugares las prestaciones fundamentales del Estado los presta directamente el crimen organizado, habilitando ellos en los barrios las condiciones para que se desarrollen las actividades económicas, proveyendo directamente empleo, prestaciones de salud y ayuda social.
Todo lo anterior manifiesta una crisis estructural, que no admite demora y dilaciones, debe ser enfrentado con todo el peso del Estado, la sociedad civil, los privados, y que, sin titubeo alguno, como alguna vez señaló Diego Portales, les “caiga el peso de la noche” al crimen organizado transnacional.
3. COSTOS ECONÓMICOS DEL CRIMEN: UNA BARRERA ESTRUCTURAL AL DESARROLLO
Los costos del crimen y la violencia en Chile se estiman en un 2,4% del PIB, cifra que, aunque inferior al promedio regional de 3,44%, representa una carga significativa para la economía nacional. Esta cifra incluye tanto costos públicos como privados y en capital humano:
- 47% costos privados, asumidos por empresas y hogares para protegerse del delito.
- 31% costos públicos, destinados a fuerzas policiales, sistema judicial y penitenciario.
- 22% costos en capital humano, asociados a pérdida de productividad por victimización o encarcelamiento.
Además de los costos directos, el crimen tiene efectos indirectos sobre la inversión extranjera, el turismo, el empleo formal, la salud mental, la movilidad social y la cohesión. La inseguridad es comparable a un impuesto distorsionante que reduce la competitividad nacional y agrava las desigualdades territoriales.
Particularmente preocupante es el impacto del COT en el sistema financiero. En América Latina, el lavado de dinero asociado al crimen organizado alcanza los USD 1.092 millones anuales, lo que evidencia el grado de penetración de estos grupos en la economía legal.
4. INSTITUCIONES DESBORDADAS Y PÉRDIDA DE LEGITIMIDAD
Chile se enfrenta a un proceso de debilitamiento institucional frente al desafío del crimen. La respuesta estatal ha sido mayoritariamente reactiva, con políticas fragmentadas, enfoques punitivitos y escasa coordinación interinstitucional. La ciudadanía percibe esta incapacidad: según Latinobarómetro (2023), la confianza en el Poder Judicial se encuentra entre las más bajas de la región, siendo superada por El Salvador y Uruguay.
Esta desconfianza inhibe la cooperación ciudadana, obstaculiza las denuncias, y reduce la efectividad del sistema penal. Por otro lado, el hacinamiento carcelario y la debilidad en la reinserción social han convertido a los centros penitenciarios en espacios de reproducción del crimen organizado transnacional y base operativa fundamental de su accionar en nuestro país.
El impacto acumulativo de estos fenómenos genera una paradoja peligrosa: el Estado, principal garante de seguridad, aparece cada vez más ausente o incapaz, lo que abre espacio para la legitimación de actores no estatales y pone en jaque el Estado de derecho.
5. LA AMENAZA ESTRUCTURAL A LA DEMOCRACIA
La expansión del crimen organizado no sólo representa un problema de orden público, sino un riesgo directo para la democracia. En la medida que los grupos criminales sustituyen al Estado en determinados territorios, se configura un poder paralelo que erosiona las reglas democráticas, captura gobiernos locales, financia campañas políticas y coarta la libertad ciudadana.
El COT busca, de manera deliberada, minar los pilares del contrato social. Su objetivo no es únicamente lucrar con economías ilegales, sino establecer una gobernanza criminal que imponga su ley por sobre la del Estado. Esto representa una amenaza existencial para cualquier democracia funcional y limita la capacidad de los gobiernos para implementar políticas públicas legítimas y eficaces.
Diversos organismos internacionales —como el Banco Mundial, el PNUD, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y la OEA— han advertido sobre esta tendencia, señalando que el crimen organizado, junto con la corrupción sistémica, son hoy los principales factores de debilitamiento institucional en América Latina.
Chile está cruzando una frontera crítica en materia de seguridad. La consolidación del crimen organizado transnacional, la alta percepción de inseguridad, el elevado costo económico del delito, la pérdida de legitimidad de las instituciones, y la amenaza estructural que representa el crimen para la democracia configuran un diagnóstico complejo, pero ineludible.
Frente a este escenario, es indispensable que la próxima administración presidencial asuma la seguridad y la justicia no sólo como ejes tácticos, sino como dimensiones estratégicas del desarrollo. La política de seguridad debe dejar de ser una respuesta reactiva al delito y convertirse en una herramienta de construcción democrática, cohesión social y crecimiento económico sostenible. Chile no puede permitirse más dilaciones.
30 PROPUESTAS DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA EL 2030
A continuación, se detallan 30 medidas urgentes que se deben implementar durante el próximo gobierno para hacer frente al trance histórico en que se encuentra nuestro país en materia de seguridad y justicia.
Fortalecimiento de la autoridad policial y de sus capacidades operativas
1. DOTAR A LAS POLICÍAS DE UN PODER DE FUEGO QUE PERMITA HACER FRENTE AL CRIMEN ORGANIZADO
Reforzar el equipamiento, armamento y protección de unidades tácticas especializadas y territoriales. Es fundamental dotar a Carabineros de armamento y equipamiento moderno que les permita hacer frente al armamento y mayor poder de fuego que poseen los integrantes de bandas criminales.
2. PROFUNDIZAR EL MARCO DE PROTECCIÓN A LA AUTORIDAD POLICIAL QUE SIGNIFICÓ LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY NAÍN RETAMAL Y EXTENDER DICHO MARCO REGULATORIO A POLICÍAS QUE ACTÚEN DE FRANCO EN DEFENSA PROPIA O DE TERCEROS.
A un año de su entrada en vigencia, la ley Naín Retamal ha significado un avance significativo en la creación de un estatuto de protección reforzado de la autoridad policial. En dicho orden de cosas, el tiempo en que este estatuto ha estado vigente permite avizorar la necesidad de profundizar ciertos aspectos, como la extensión del estatuto a policías que actúen de franco.
Impulsar el boletín N° 17.007-07, sobre la materia, incorporando a su regulación a la PDI (hoy trata sólo Carabineros) y ampliando los ámbitos que debe regular.
3. FORTALECER LA AUTORIDAD POLICIAL COMO PUNTO INICIAL DE ÉXITO DE TODO PLAN PREVENTIVO DE SEGURIDAD.
Incorporar un tipo penal que sancione a título de falta penal la ofensa descomedida a un funcionario policial, autorizando en dichos casos la detención en caso de flagrancia de manera excepcional. Igualmente, se debe agravar la sanción en casos de atentado contra la autoridad, cuando este recaiga específicamente en contra de funcionarios policiales.
4. CREAR CENTROS REGIONALES DE ANÁLISIS CRIMINAL E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA Y POTENCIAR LAS BRIGADAS ANTINARCÓTICOS Y DE CRIMEN ORGANIZADO EN LAS POLICÍAS.
Generar espacios conjuntos coordinados por el Ministerio de Seguridad Pública, con policías, fiscalías y municipios para la planificación operativa con énfasis en el combate al crimen organizado. Así como fortalecer su dotación, protección jurídica y capacidades de acción táctica, tanto preventiva como investigativa.
5. IMPLEMENTAR UN SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN CRIMINAL (SINIC) PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, CREANDO UNA PLATAFORMA CENTRALIZADA QUE PERMITA A CARABINEROS Y LA PDI PUEDAN ACCEDER A ELLOS EN TIEMPO REAL.
El Banco Unificado de Datos no es suficiente de acuerdo con el avance de la tecnología y quedó supeditado a la voluntad del Ministerio Público. Se propone crear una plataforma común para interconectar policías, aduanas, Gendarmería, Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, municipios, servicios de salud, servicios de apoyo en prestaciones sociales y organismos financieros, coordinado por el Ministerio de Seguridad Pública, en que tanto las policías como los organismos mencionados tengan la obligación de cargar la información y a la cual tenga acceso al Ministerio Público. Es fundamental que los funcionarios policiales, particularmente de Carabineros de Chile en el ejercicio de labores preventivas, pueda acceder a toda información en tiempo real.
6. FORTALECER EL CONTROL DE IDENTIDAD PREVENTIVO POR PARTE DE LAS POLICÍAS: PERMITIR SU USO CON REGISTRO SUPERFICIAL DE VESTIMENTAS EN INFRAESTRUCTURA CRITICA O SUS PROXIMIDADES Y EXTENSIÓN A MAYORES DE 16 AÑOS Y EXTENDERLO AL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS QUE ESTÉ EXCEPCIONALMENTE CUMPLIENDO TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, TALES COMO LA PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA O DE FRONTERAS
Es necesario permitir el control de identidad preventivo con registro superficial de vestimentas de personas que se encuentren en infraestructura crítica o en sus inmediaciones, así como extender el piso del control preventivo desde los 18 a los 16 años, adoptando todos los resguardos para proteger a los menores de edad.
7. MODERNIZAR EL SISTEMA DE FORMACIÓN DE POLICÍAS Y DE GENDARMERÍA JUNTO CON FORTALECER LA FORMACIÓN INTERNACIONAL CAPACITANDO A MÁS DE MIL FUNCIONARIOS.
Se trabajará en la creación de un sistema de formación para las policías y Gendarmería de Chile que permita crear un estándares y conocimientos comunes sobre asuntos de seguridad pública, con un énfasis especial en fenómenos de criminalidad compleja, combate al crimen organizado, gestión del uso de la fuerza y derechos humanos, que incorpore análisis, evaluación y actualización permanente de las mallas curriculares y de las brechas formativas existentes, con creación de planes anuales de estudio con estándares mínimos, fortalecimiento de la formación inicial y la formación continua y aseguramiento de contar con recursos docentes de calidad.
Estos programas de formación para funcionarios policiales, fiscales, y personal de Gendarmería de Chile tendrán un foco particular en el combate al crimen organizado, seguridad penitenciaria, inteligencia criminal y lavado de activos, basándose para ello en las mejores prácticas nacionales e internacionales sobre la materia, a través de la asociatividad con las instituciones de formalización más desarrolladas y avanzadas en el mundo.
Dentro de los resultados esperados está que cerca de 1.000 funcionarios puedan acceder a programas de formación internacional durante el próximo gobierno.
8. ESTABLECER MAYORES EXIGENCIAS PARA LOS ORGANISMOS PÚBLICOS, QUE DE MANERA COLEGIADA, RESUELVEN EL EJERCICIO DE ACCIONES PENALES EN CONTRA DE FUNCIONARIOS POLICIALES POR ACTOS DE SERVICIO.
Se busca que organismos públicos que accionen penalmente contra funcionarios policiales por actos de servicios decidan el ejercicio de dichas acciones con mayores exigencias.
9. CREACIÓN DE LA RED NACIONAL DE VIDEOVIGILANCIA INTEGRADA (RENAVI)
Crear una plataforma tecnológica nacional de imágenes, interoperable, segura y en tiempo real, que consolide y analice toda la información pública y privada relevante para la persecución penal del crimen organizado y delitos de alta complejidad, bajo la administración del Ministerio Público. Modelos como el de la London Metropolitan Police, que integran cámaras privadas y públicas sin necesidad de autorización judicial previa para su consulta investigativa, han demostrado ser eficaces bajo protocolos de resguardo de derechos. Por último, establecer la obligatoriedad para operadores privados con más de 20 cámaras de suscribir convenios con el Ministerio Público.
PREVENCIÓN DEL DELITO Y DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS ILÍCITAS
10. IMPLEMENTAR UN PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE FENTANILO, NITAZENOS Y OTRAS DROGAS SINTÉTICAS.
Se fortalecerá el sistema de alerta temprana, campañas educativas dirigidas, y protocolos en escuelas, universidades, centros de salud y empresas, con énfasis en el fentanilo, nitazenos y otras drogas sintéticas, estableciendo alianzas estratégicas con servicios de salud, educación y de otros servicios sociales para la detección de casos.
Además, se adecuará el estatuto penal vigente para el abordaje de la comercialización y tráfico del fentanilo u otras drogas sintéticas, o simplemente prohibir su comercialización más allá de su suministro en centros de salud habilitados, evaluando la creación de tipos penales agravados, para lo que se promoverá la tramitación del boletín N° 16.403-25, presentado al Congreso Nacional el 7 de noviembre de 2023.
11. FORTALECER Y ESCALAR EL MODELO SENDA Y ELIGE VIVIR SIN DROGAS EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL PAÍS Y AMPLIAR EL PROGRAMA LAZOS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA.
12. CREAR UN PROGRAMA DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL PREVENTIVA (PITP)
Implementar acciones multisectoriales en barrios tomados por el crimen organizado, con énfasis en prevención temprana, vinculación con la comunidad y recuperación de espacios públicos. Respecto a lo anterior, y en relación con las bases que regulen la entrega de fondos públicos en materia de seguridad, se deben priorizar proyectos de prevención situacional y comunitaria, con énfasis en la recuperación de plazas e infraestructura comunitaria, así como en el relacionamiento con las personas para la reutilización de los nuevos espacios públicos, que devuelva efectivamente los barrios a las familias. Si no se mantienen los espacios públicos recuperados mediante una efectiva integración el efecto es altamente contraproducente.
13. INSTALAR UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR Y FORTALECER LA AUTORIDAD DE DIRECTIVOS Y DOCENTES EN COMUNIDADES EDUCATIVAS.
Incluir formación en los aspectos esenciales de la convivencia y resolución de conflictos de una comunidad educativa mediante programas de educación emocional, como parte de los contenidos transversales. Así como avanzar en mayor discrecionalidad de directivos en la aplicación de medidas disciplinarias tratándose de conductas que atenten gravemente contra la convivencia escolar.
Fortalecer las competencias y capacidades de la Superintendencia de Educación, para contribuir que se constituya en el actor principal que la ley había pensado para la mantención de una convivencia sana en las comunidades educativas, respaldando a los directores de establecimientos educacionales en su rol en vez de ahogarlos en requerimientos burocráticos.
14. AVANZAR EN SANCIONES MÁS SEVERAS RESPECTO DE CONDUCTAS QUE DAÑAN EL ENTORNO Y CONSTITUYEN INCIVILIDADES QUE AUMENTAN LA SENSACIÓN DE INSEGURIDAD.
El delito encuentra un clima favorable en entornos deteriorados que aumentan la sensación de inseguridad. Hay que crear sanciones administrativas severas y figuras penales que sancionen adecuadamente el rayado o tag; el comercio sexual en la vía pública; el consumo de alcohol en la vía pública; el expendio de alimentos en la vía pública; ruidos molestos, entre otras conductas que deterioran la convivencia y los entornos.
Por lo tanto, junto a evaluar en cada caso la tipificación o aumento de sanciones, se establecerá como pena accesoria en todos ellos la pena o sanción de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, y se tipificará su incumplimiento grave y/o reiterado.
Sistema de justicia penal y persecución del delito
15. JUDICATURA ESPECIALIZADA Y COMPETENCIA NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO, JUZGAMIENTO Y REGIMEN CARCELARIO DE DELITOS TERRORISTAS Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA.
Se propone crear un tribunal con competencia especializada y nacional en delitos terroristas, narcotráfico, corrupción y crimen organizado. Esto permitirá avanzar en una especialización de la judicatura en delincuencia organizada u otros ilícitos de especial gravedad.
16. CONCRETAR LA CREACIÓN DE UNA DEFENSORÍA DE LAS VÍCTIMAS.
Hoy los imputados por el delito poseen representación judicial gratuita y de gran capacidad técnica. Para equiparar la cancha, y poner al Estado de parte del ofendido, se propone crear la “Defensoría de las Víctimas” para asumir la representación y protección especializada de las víctimas en la investigación y en el proceso penal. Es un desafío despachar el Proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos, boletín N° 13.991-07, en segundo trámite constitucional (Senado).
Adicionalmente, esta Defensoría de las Víctimas, contará o se relacionará con profesionales psicosociales que permitirán abordar todo el proceso de victimización de los afectados por los delitos de manera integral y favoreciendo con ello su vinculación y participación en los procesos penales.
17. CREAR UN ESTATUTO PENAL AGRAVADO TRATÁNDOSE DE CRÍMENES CONTRA LA VIDA.
Durante las últimas décadas la política criminal chilena ha insistido en fortalecer la respuesta sancionatoria para delitos contra la propiedad. Con la aparición del nuevo fenómeno criminal, es necesario revisar el estatuto penal y la forma como el Estado responde a delitos contra la vida. Se propone establecer un marco penal rígido y modificar el perpetuo calificado o instaurar un nuevo presidio perpetuo agravado, con permisos de salida transcurridos recién 50 años.
18. DISPONER DE UNA RESPUESTA PENAL ADECUADA FRENTE A CRÍMENES DE ESPECIAL GRAVEDAD COMETIDOS POR MENORES DE EDAD.
Se busca establecer medidas que limiten el estatuto penal favorable de los menores de edad en delitos de especial gravedad y en casos de reincidencia, siempre respetando la máxima de disponer de una respuesta más benigna en relación con los mayores de edad. Sin embargo, particularmente respecto de mayores de 16 años y menores de 18 pareciera que el Estado debe dar una respuesta más severa a la actual tratándose de crímenes graves apoyando el proyecto de ley boletín N°15.589-07 en los siguientes aspectos:
a) aplicar el artículo 450 del Código Penal en el caso de adolescentes para que los delitos de robo, hurto y otros delitos contra la propiedad sean sancionados como consumados desde su grado de tentativa.
b) Que la regla por la que se aplica la pena rebajada en un grado respecto del mínimo que prevé la Ley NO recibirá aplicación en delitos graves cometidos por adolescentes, pudiendo aplicarse la pena originalmente prevista en la ley.
c) Que la REINCIDENCIA de adolescentes sea considerada como una hipótesis en que deberá aplicarse la pena más grave dentro de las alterativas disponibles.
d) Que la REINCIDENCIA o al hecho de estar cumpliendo una condena sea considerado para que el adolescente resulte en internación provisoria.
e) Que el adolescente imputado de ciertos delitos graves NO será liberado hasta que la Corte resuelva sobre la solicitud de internación provisoria rechazada en primera instancia.
f) Imponer una sanción adicional para el caso de quebrantamiento de pena de internación en régimen semicerrado y cerrado, de un período adicional de internación que podrá llegar hasta un año.
g) Modificar el Código Penal para disponer que no podrá configurarse la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior en aquel caso en que el imputado tenga condenas previas en régimen de responsabilidad penal adolescente.
Lo anterior, para abordar esencialmente materias propias del Código Procesal Penal y del Código Penal que quedaron sin su respectivo correlato en la ley N° 20.084 (ley de responsabilidad Adolescente) y que han traído interpretaciones judiciales que propenden a la impunidad de los adolescentes infractores.
19. FINANCIAR LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS ECOH EN TODAS LAS FISCALÍAS REGIONALES (EQUIPOS ESPECIALIZADOS SOBRE CRIMEN ORGANIZADO Y HOMICIDIOS), COMO COMPLEMENTO AL PROYECTO DE LEY QUE CREA LAS FISCALÍAS SUPRATERRITORIALES.
Actualmente, los Equipos ECOH funcionan, en parte porque el Ejecutivo ha proveído de fondos al Ministerio Público, pero también porque la propia fiscalía ha destinado a su propio personal para conformar estos equipos. Lo anterior, al margen de los resultados de los Equipos ECOH, traen efectos indeseados, que es el atraso en otras causas penales y la saturación de los equipos del Ministerio Público.
Por lo tanto, y de forma complementaria a la Fiscalía Supraterritorial, se avanzará en una nueva modernización del Ministerio Público, creando institucionalidad y dotando de personal a cada Fiscalía Regional para que cuente con sus respectivos equipos ECOH, sin que ello afecte el resto de su gestión, permitiendo con ello institucionalizar este modelo dentro de la orgánica de la fiscalía.
COMBATE DE ASOCIACIONES DELICTIVAS Y A ORGANIZACIONES CRIMINALES TRANSNACIONALES
20. ENTREGAR A LA CGR LA FACULTAD DE CONTROL INTERNO DEL NUEVO SISTEMA DE INTEGRIDAD PÚBLICA.
Instalar unidad especializada de control interno con autonomía operativa en cada institución clave. Incluir monitoreo de patrimonios, auditorías aleatorias, rotación obligatoria de personal en zonas sensibles y pruebas de integridad. Coordinación directa con el Ministerio Público para denuncia de hechos constitutivos de delito. Sistema obligatorio de declaración patrimonial y de intereses para funcionarios del ecosistema de seguridad y justicia: Independiente de su calidad contractual y grado, extender la obligación de declarar patrimonio y vínculos a todo el personal operativo y administrativo de policías, fiscalías, aduanas y servicios penitenciarios. Cruce sistemático con bases de datos de transacciones sospechosas (UAF), bienes raíces y sistema financiero. Establecimiento de sanciones gravísimas por omisión o falsedad.
21. CREACIÓN DEL OBSERVATORIO CIUDADANO DE LA INTEGRIDAD EN SEGURIDAD Y JUSTICIA.
Instalar un observatorio autónomo, con participación de universidades, ONG, gremios profesionales y ciudadanía. Este observatorio hará seguimiento anual de indicadores de riesgo de captura institucional, denuncias por corrupción, cambios de personal en zonas sensibles y avance en políticas de integridad. Asimismo, hará publicaciones de informes semestrales con recomendaciones al congreso y al ejecutivo.
Esta iniciativa tendrá especial importancia respecto de aquellos órganos que, bajo los argumentos de independencia constitucional, no han generado mecanismos suficientes de accountability (rendición de cuentas) a la ciudadanía.
22. MEDIDAS ESPECIALES DE RECLUSIÓN PARA MIEMBROS DE ORGANIZACIONES CRIMINALES.
Se deben establecer medidas procesales especiales que consistan, entre otras en la posibilidad judicial de decretar el arraigo de personas respecto de las que existan indicios de que integran organizaciones criminales, aún sin su conocimiento; o establecer medidas especiales de cumplimiento de condena o de prisión preventiva en recintos especiales, en régimen de aislamiento, con restricción de visitas y/o de comunicaciones con el exterior.
23. INTRODUCIR LOS CAMBIOS NORMATIVOS NECESARIOS PARA EXTENDER LOS PLAZOS DE DETENCIÓN TRATÁNDOSE DE IMPUTADOS VINCULADOS AL CRIMEN ORGANIZADO.
Se propone aumentar el plazo máximo de detención tratándose de delitos vinculados al crimen organizado sancionados con pena de crimen, estableciendo estándares claros para esta definición, que eviten uniformidad jurisprudencial en esta materia. De cualquier forma, se propone que el Ministerio Público pueda ampliar la detención en flagrancia de inmigrantes ilegales.
Para ello, se propone impulsar el proyecto de ley presentado en el boletín N° 16.481-25, a efectos de avanzar en una normativa ordenada y con mirada integral.
24. TIPIFICAR COMO DELITO EL INGRESO CLANDESTINO A TERRITORIO NACIONAL.
Se propone tipificar como delito el ingreso clandestino a territorio nacional, por un paso no habilitado, eludiendo el control migratorio o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona. Se busca principalmente la detención para efectos de expulsión, dando siempre preferencia a la posibilidad de devolución hacia el país por el cual ingresó.
Legislativamente se propone avanzar en el Proyecto de ley que modifica la ley N°21.325, de migración y extranjería, para tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional, boletín 15.261-25, en segundo trámite constitucional (Senado), proponiendo incorporar una circunstancia agravante para quienes contraten o se valgan de personas o grupos de personas que ofrezcan o comercialicen ilegalmente el tráfico de migrantes.
25. MATERIALIZAR DE MANERA RIGUROSA Y PERIÓDICA LAS ÓRDENES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DE EXPULSIÓN.
En lo inmediato, se deben ejecutar sin tardar dichas órdenes, disponiendo de los recursos en las leyes de presupuesto respectivas. Además, se trabajará en suscribir convenios y ejercer las acciones diplomáticas necesarias, especialmente con el gobierno boliviano, para que asuman control sobre su frontera y reciban la devolución de sujetos que ingresan clandestinamente desde su territorio.
Sin perjuicio de lo anterior, se debe generar un servicio especializado en la PDI para abocarse al combate de la inmigración ilegal con capacidades operativas.
26. CREAR UNA FUERZA DE TAREAS OPERATIVAS CONTRA MERCADOS CRIMINALES CON ESPECIAL FOCO EL LAVADO DE ACTIVOS.
Inter agencial, con equipos técnicos y operativos para atacar los 15 mercados definidos por GI-TOC (tráfico de armas, personas, drogas, delitos financieros). Coordinada por el ministro de Seguridad Pública, con participación de todos los organismos del ecosistema de seguridad.
Es necesario desarticular las cadenas de abastecimiento lícitas que proveen el comercio ilegal en sus distintas manifestaciones (comercio ambulante ilegal, comercio de frutas, salmones, madera y otras especies robadas y abigeato).
27. FORTALECER LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF).
Aumentar su presupuesto, su independencia operativa y sus atribuciones para perseguir operaciones sospechosas de lavado de activos. Otorgarle acceso al Banco Unificado de Datos, así como impulsar convenios de colaboración entre bancos, Fintech, SII y la UAF, para monitorear flujos de dinero irregulares y transacciones vinculadas al crimen.
28. FORTALECER EL CONTROL DE FRONTERAS, POTENCIANDO A CARABINEROS DE CHILE Y REFORZANDO EL OS-3 DE SERVICIOS FRONTERAS.
Se reforzará esta unidad con personal especializado de la institución y tendrá disponibilidad de recursos y medios tecnológicos para cumplir con su labor. Deberá estar en coordinación constante con el resto de las instituciones responsables de la seguridad del país para responder de forma inmediata ante una vulneración de nuestras fronteras.
29. AMPLIAR EL ÁMBITO DEL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA.
Evaluar la experiencia estadounidense, especialmente la ley Rico, para incluir en nuestro ordenamiento legal posibles hipótesis de responsabilidad penal de los integrantes de una asociación criminal o una asociación delictiva, atribuyéndole responsabilidad por todos los hechos que se han imputables a dicha asociación criminal.
30. SISTEMA DE INCENTIVOS A LA CIUDADANÍA PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN Y ANTECEDENTES ÚTILES PARA COMBATIR A LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA.
El Ministerio de Seguridad Pública creará un sistema que permita explorar la colaboración ciudadana en la lucha contra la criminalidad organizada, a través del ofrecimiento de medidas de protección específicas y personalizadas al caso, así como de ofrecer recompensas monetarias o a través de otros beneficios (becas de salud o estudio, entre otras) para la entrega de información de relevancia criminal, particularmente de aquella que permita desarticular organizaciones criminales. Asimismo, se evaluarán, fortalecerán e integrarán a este sistema las medidas de anonimato y seguridad, estableciendo un celoso sistema de control.
El Ministerio de Seguridad Pública buscará formas de asociatividad con otras cartas ministeriales sectoriales, para efectos que la oferta (variedad) de posibles recompensas o beneficios incentive activamente la participación ciudadana.
Lo anterior, asimismo, significará el establecimiento de medidas concretas que tengan como finalidad el evitar el abuso o uso malintencionado de este sistema.
FORTALECER EL ROL DE NUESTRAS FUERZAS ARMADAS
La participación de las fuerzas armadas en el control de fronteras, infraestructura crítica y seguridad interior
El uso de las Fuerzas Armadas en la macrozona sur y en la macrozona norte, mediante estados de “excepción” que se han convertido en permanentes, así como su empleo en la protección de infraestructura crítica, o incluso la demanda por el empleo de efectivo militares en el combate del crimen organizado, dada la superioridad de fuego que las organizaciones criminales exhiben respecto de Carabineros, se ha transformado en una creciente demanda ciudadana, enarbolada incluso por alcaldes de izquierda.
Sin embargo, es necesario que el empleo de efectivos militares en tareas propias de las policías sea conducente a reestablecer el control territorial y el estado de derecho, es decir, sea efectivamente excepcional y debidamente respaldado política y jurídicamente.
Ello es condición necesaria para que, junto con proteger las garantías individuales -que necesariamente son restringidas en estados de excepción constitucional- se resguarde también la seguridad jurídica de los efectivos militares y se asegure la eficacia de las acciones que se les encomienden.
El empleo de las Fuerzas Armadas en el control de nuestras fronteras, en la protección de infraestructura crítica y en el control del orden público en la macrozona sur se ha hecho costumbre, pero es imperativo considerar que:
• La formación militar está orientada al combate (la guerra) y a la neutralización del enemigo, lo que contrasta con la lógica de las policías, que se basa en la prevención, la investigación y persecución criminal y el control del orden público. La utilización de los efectivos militares en tareas de recuperación del orden público -que deben ser excepcionales- supone dotarlos de una capacitación y medios adecuados para esas misiones.
• El uso de la fuerza letal por parte de las Fuerzas Armadas en contextos de seguridad interior debe estar regulada y respaldada jurídica y políticamente, para evitar, por ejemplo, la larga exposición judicial que han sufrido efectivos que hicieron uso de sus armas en cumplimiento de las tareas encargadas, como finalmente lo determinó la justicia, pero que igualmente fueron sometidos a extensos procesos judiciales e inclusive al escarnio público.
• La participación prolongada de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior puede generar una pérdida de sus capacidades específicas para la defensa nacional, por lo que es necesario considerar los recursos presupuestarios necesarios para mantener dichas capacidades.
En este contexto, la autoridad civil debe adoptar responsablemente las medidas necesarias para mitigar estos riesgos y asegurar que el empleo de fuerzas militares se ajuste a derecho, cuente con los medios y recursos necesarios, y sea eficaz para restablecer el orden, recuperar el control territorial y el estado de derecho.
MEDIDAS CONCRETAS:
1) Proveer el financiamiento necesario para completar la dotación de soldados profesionales de tropa, con el objeto de morigerar los efectos negativos que supone para las capacidades estratégicas, el constante empleo de personal de planta en los estados de excepción constitucional y otras tareas.
2) Crear una unidad especializada, equipada e instruida, para cumplir misiones en situaciones de catástrofe y estados de excepción y protección de infraestructura crítica, con el objeto de lograr la mayor eficiencia posible en esos cometidos, y no comprometer los procesos de instrucción, mantenimiento y entrenamiento de las unidades de combate.
MEDIDAS PARA EL CONTROL EN CHILE DE FRONTERAS, INFRAESTRUCTURA CRÍTICA Y SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO:
1) En el ámbito del control fronterizo, Chile ha experimentado un aumento significativo en el flujo migratorio irregular en los últimos años, especialmente en la zona norte del país. Esta situación ha generado desafíos en la gestión de la migración, la seguridad pública y la disponibilidad de recursos para la atención de las necesidades básicas. La implementación de medidas en este contexto debe incluir el reforzamiento de la vigilancia fronteriza con una inversión en tecnología orientada la detección y alerta temprana, para lograr así la máxima eficiencia posible de las fuerzas militares y policiales desplegadas en la detención y devolución de inmigrantes ilegales.
2) Con respecto a la protección de la infraestructura crítica, Chile, como cualquier país moderno, depende de una red compleja de infraestructuras que son esenciales para el funcionamiento de la economía, la seguridad pública y el bienestar de la población. Estas incluyen, entre otras, las centrales eléctricas, las redes de comunicaciones, los sistemas de transporte, las instalaciones de agua potable y los centros de datos. La amenaza de ataques a la infraestructura crítica, ya sean físicos o cibernéticos, es real y puede tener consecuencias devastadoras.
La protección de la infraestructura crítica debe ser un esfuerzo nacional, que involucra planificación y recursos público-privados y no puede descansar únicamente en el empleo de militares.