Los diputados de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes y Camila Flores; y el parlamentario de la UDI Juan Antonio Coloma ingresaron el escrito para que el organismo se pronuncie en relación a la iniciativa que fue aprobada el martes de esta semana en la Cámara.

 

Los legisladores oficialistas llegaron este viernes hasta el Tribunal Constitucional (TC), para presentar un requerimiento con respecto al proyecto aprobado este martes en la Cámara de Diputados, que modifica el sistema de libertades constitucionales. 

 

Los diputados argumentaron en la presentación que la iniciativa vulnera el artículo 19 números 2 y 6 de la Constitución Política del Estado, imponiendo condiciones que incurren en la discriminación arbitraria e infringen la libertad de conciencia, junto con vulnerar el principio de igualdad ante la ley.

 

En ese sentido, el presidente de RN, Mario Desbordes, subrayó que con el proyecto aprobado “lo que se busca, sabiendo la oposición que es inconstitucional, es establecer requisitos incumplibles para un sector de la población. Por ejemplo, en el caso de violación de una niña, no se pide los requisitos de arrepentimiento, reconocimiento, etc., que sí se le pide a un grueso sector de los presos en Chile. La oposición busca con esto establecer un punto político y ver si es que esto, como se dice en buen chileno, pasa. Y si el TC no lo declara inconstitucional, se logran establecer una serie de requisitos, de trabas, que constituyen sin duda un ánimo de venganza”.

 

En tanto, la diputada Flores indicó que “vemos una vulneración gravosa a nuestra Constitución Política. Lo que está haciendo la oposición a través de esta ley de libertades constitucionales, es un ánimo permanente de venganza a un sector que está cumpliendo condena en Punta Peuco por determinados delitos, y creemos en definitiva que ellos buscan algo muy grave, complejo, que es que el Estado obligue, a través de la institucionalidad, a determinadas personas a arrepentirse. El arrepentimiento está en el fuero interno de las personas, y muchas de éstas que están cumpliendo condena, señalan no haber participado de los hechos, por lo tanto, malamente alguien que tiene el convencimiento de no ser culpable, puede arrepentirse”.

 

A su vez, el legislador UDI, Juan Antonio Coloma, subrayó que el proyecto aprobado el martes se fundamente en dos aspectos. El primero de ellos en torno a que “la forma en la cual se establecen los requisitos para que una persona que haya cometido ciertos tipos de delito, que son aquellos cometidos entre 1973 y 1990, violan la garantía constitucional de igualdad ante la ley, toda vez que se solicita el cumplimiento de una atenuante que haya estado establecida previamente en la sentencia condenatoria. Cuando en la sentencia condenatoria no se establecen estas atenuantes, y todos estos casos ya tienen sentencia condenatoria, se hace imposible poder solicitar en los hechos la libertad condicional por alguna de estas personas, cuestión que viola todas las garantías constitucionales, y que además va mucho más allá de lo que el propio Estatuto de Roma señala en su articulado”. 

 

El diputado gremialista agregó que la iniciativa “significa que personas que cometen ciertos tipos de delitos tienen requisitos adicionales que infringen la legalidad y la Constitución vigente. Y en segundo lugar, cuando se analiza esta norma, uno se puede dar cuenta que existen otro tipo de violaciones a la igualdad ante la ley, como por ejemplo, que una persona que comete delitos terroristas entre el año 1989 y 1998, tiene beneficios especiales para poder acceder a la libertad condicional, o sea, en el caso, de que alguna de las personas asesinas de Jaime Guzmán vuelva a Chile, va a tener beneficios especiales para acceder a la libertad condicional, o en el caso de aquellas personas que cometieron delitos terroristas, asesinaron a carabineros o agentes del Ejercito, van a tener beneficios especiales para acceder a la libertad condicional”.