reforma constitucional


Propuesta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Renovación Nacional

Renovación Nacional: Vocación histórica de apertura al perfeccionamiento constitucional

Renovación Nacional, heredera de una tradición republicana bicentenaria, siempre ha liderado la revisión crítica y el mejoramiento permanente de las instituciones, la política y la democracia chilena, impulsando un país más libre, justo, digno e inclusivo.

Este rol histórico, ha sido particularmente relevante a la hora de mirar las reformas constitucionales. Nuestros principales dirigentes participaron en el Acuerdo Nacional de 1985 junto con otras fuerzas políticas, consensuando las reformas constitucionales de 1989 para permitir el camino a la transición democrática, todo ello, en contra de la opinión de algunos sectores políticos. Luego, en el proceso de reforma constitucional de 2005, contribuimos a erradicar los llamados “enclaves autoritarios” de nuestra Carta Fundamental. Posteriormente, en el año 2012 propusimos al país un cambio al régimen político que estimamos necesario para fortalecer la gobernabilidad y la estabilidad institucional.

En el actual debate sobre el proceso constituyente, participaremos en toda discusión que tenga por objeto perfeccionar nuestras reglas constitucionales de cara al futuro, en pos del sueño común de avanzar hacia un Chile más humano, digno, desarrollado y moderno en lo económico, social, cultural y político.

La discusión no puede quedar, de un lado, a manos de quienes creen que todo debe hacerse de nuevo y proponen el camino de los atajos institucionales, los resquicios, la cultura de la retroexcavadora y la refundación, y, del otro, de aquellos que defienden un inquietante statu quo e inmovilismo, ignorando las señales claras de la ciudadanía de que hay que revisar algunas de nuestras instituciones con el objeto de que cumplan de mejor forma la función de servir al desarrollo integral de nuestro país y de quienes lo habitamos.

Creemos en la importancia de la estabilidad institucional, manteniendo un permanente espíritu de revisión constructiva de su funcionamiento. Sostenemos también que la defensa irreflexiva de la tradición puede, no sólo ser mala consejera, sino que deslegitimar y desprestigiar ante la ciudadanía el ordenamiento constitucional vigente en caso de no avanzarse en reformas que lo ajusten a los nuevos tiempos y desafíos del país. Somos de la opinión, entonces, que se requiere un equilibrio razonado entre nuestra tradición e historia y las necesidades de los nuevos tiempos.

 

Evolución Constitucional: la Carta actual y sus modificaciones

La Constitución actual entró en vigencia el 11 de marzo de 1981, tras ser aprobada en un controversial plebiscito. Desde 1989 hasta hoy, ha sido modificada a través de 36 leyes de reforma constitucional, cambiado más de 300 veces su articulado, siguiendo para ello los mecanismos institucionales de reforma.

En los momentos decisivos de discusión y elaboración de las grandes modificaciones de 1989 y 2005, Renovación Nacional apoyó con sus convicciones y votos los cambios que el país y la institucionalidad necesitaban.

En la reforma de 1989, en el contexto de la transición al régimen democrático, se introdujeron 54 grandes modificaciones a la Carta, aprobadas mediante un plebiscito que contó con todas las garantías y un amplio apoyo ciudadano. Entre estos cambios constitucionales, destacan modificaciones sobre las facultades del Presidente de la República,  sobre el pluralismo político y los estados de excepción constitucional, todas las cuales contribuyeron a que el país se encausara hacia un régimen democrático con pleno respeto de los derechos de las personas.

En las reformas de 2005, se eliminaron los senadores institucionales (designados) y vitalicios (ex Presidentes de la República), se modificó el Consejo de Seguridad Nacional y el Tribunal Constitucional, se redujo el mandato presidencial y se introdujeron los principios de probidad y publicidad para mejorar la calidad de la política, otorgándose además mayores potestades al Congreso Nacional en aspectos como fiscalización y tratados internacionales.

Tras la reforma de 2005 vinieron todavía nuevos cambios constitucionales de gran relevancia, los que contaron con el apoyo y liderazgo de Renovación Nacional para ser llevados a efecto. Es el caso del establecimiento de las elecciones primarias (2010) y la obligación del Estado de proporcionar a las víctimas de la delincuencia asesoría y defensa gratuita para ejercer la acción penal (2011).

Este año 2015, han sido aprobadas dos leyes de reforma constitucional para aumentar los estándares de probidad y perfeccionar la fiscalización del sistema político, tales como la obligación de rendir cuenta anual de las autoridades del Congreso Nacional y aquella que otorga autonomía constitucional al Servicio Electoral.

Así, la consolidación de una democracia constitucional en Chile se ha logrado a través de un camino de reformas ampliamente consensuadas, graduales y acumulativas. Dichas reformas han cambiado sustantivamente el rostro a la Constitución original y en ellas Renovación Nacional ha tenido un rol fundamental.

Lo anterior demuestra que los actuales mecanismos de reforma constitucional no han sido obstáculo en este proceso. La Constitución no es un freno al cambio constitucional como algunos sostienen. Nadie puede señalar que se trate de una constitución rígida que no pueda cambiarse o perfeccionarse.

En conclusión, hemos demostrado que creemos en una necesaria evolución constitucional, esto es, una sana relación entre continuidad y cambio, construyendo sobre las instituciones y prácticas constitucionales y políticas que han demostrado ser exitosas en el camino al desarrollo, la modernidad y la paz social.

 

La estrategia de la Nueva Mayoría: esquivar los contenidos

La Nueva Mayoría, en el debate constitucional, ha adoptado un camino equivocado, centrando su postura sólo en aspectos formales. Salvo las menciones generales de su programa, no ofrece con claridad ninguna idea sobre el contenido de su postura constitucional, ni de lo que quiere para Chile. Se olvidan que un país no puede partir de una hoja en blanco, como si los derechos de las personas y las instituciones que durante nuestra historia hemos construido y que han servido al progreso del país, no existieran.

¿Por qué no han querido discutir los contenidos de las reformas constitucionales? La respuesta es simple: sus profundas diferencias ideológicas no les permiten ponerse de acuerdo en ellas. Por eso intentan poner en el centro del debate la forma del cambio constitucional y no el fondo del mismo, con el objeto de obtener ventajas electorales. Lamentablemente todo indica que la acción del Gobierno apunta a una estrategia dirigida a ocultar las graves debilidades de su gestión más que a liderar la modernización de nuestra institucionalidad de tal manera que esta última constituya los cimientos sobre los cuales se construya una mejor sociedad basada en los principios de un Estado Democrático de Derecho.

En este camino, el Gobierno no ha tenido problema alguno en pretender debilitar la autoridad del actual Congreso Nacional o en desconocer el rol fundamental de los partidos políticos. Bajo un anunciado esquema de participación ciudadana, todo indica que su objetivo político es intentar imponer concepciones ideológicas que no han sido sinceros en transparentar.

Como se verá, nuestro camino es completamente distinto: Realizamos propuestas de cambios constitucionales que someteremos al análisis, reflexión y discusión ciudadana, con la mayor apertura para recibir los aportes que las enriquezcan. Esta es la forma honesta y transparente que, en democracia, se reconoce el derecho a participar y se respeta la dignidad de los ciudadanos, sin menospreciar su inteligencia. Las mismas propuestas u otras, luego del debate, deberán ser discutidas y aprobadas en el Congreso Nacional y ratificadas finalmente mediante un plebiscito ciudadano.

 

La hora de los contenidos: nuestra propuesta

Para Renovación Nacional la democracia constitucional descansa en dos principios fundamentales que deben equilibrarse: el principio de las mayorías y el principio del respeto a los derechos humanos.

Conforme al primer principio, las autoridades y decisiones más relevantes de una República se deben adoptar siempre de acuerdo a la regla de una mayoría establecida en consideración a la relevancia de las materias que se abordan. Ello, para asegurar el respeto de los derechos humanos, especialmente de las minorías. Así, conforme al segundo de los principios, a las personas deben garantizárseles sus derechos, los que constituyen un freno o límite al poder de las mayorías, de las organizaciones y de toda forma de opresión del Estado o de cualquier agrupación. Se trata este último -el respeto a los derechos– de un principio que legitima el orden político y constitucional, permitiendo que las personas y sus familias puedan desarrollar y decidir sobre las cuestiones cruciales de sus vidas.

Estamos convencidos que toda reforma que esté dirigida a fortalecer y perfeccionar nuestro régimen democrático y ampliar y asegurar los derechos de las personas, constituye un aspecto central para tener un mejor país y siempre contará con nuestro apoyo decidido. Por lo mismo, Renovación Nacional entrará a este debate constitucional reconociendo y valorando todo el avance que se ha logrado en nuestra Constitución en materia de derechos, libertades y garantías individuales.

A partir de este marco de principios básicos, creemos que es indispensable discutir los contenidos constitucionales que ayuden a construir una sociedad más libre, justa y solidaria en donde la dignidad de todas las personas sea el fundamento último de nuestro actuar.

De esta forma, queremos invitar a los chilenos a pensar en cambios a la Constitución en base a los siguientes pilares fundamentales:

 

  1. Un Estado Democrático de Derecho, subsidiario, solidario y que garantice la paz social.

Somos partidarios de un Estado Democrático de Derecho, basado en la libertad individual, la responsabilidad, la justicia, el respeto a la dignidad de las personas y la solidaridad entre sus miembros, que promueva activamente el goce de las libertades y derechos, a la vez que tenga como objetivo irrenunciable lograr mínimos sociales que permitan, de un lado, darle dignidad a los chilenos y, del otro, una verdadera igualdad de oportunidades, sin la cual el lugar y el nacimiento pasan a ser condicionantes del destino de las personas. Libertad, justicia, solidaridad, dignidad y paz social son todos valores que deben estar en nuestra Carta Fundamental e iluminarla. Luego, será el juego democrático, a través de la ley y las autoridades electas, quienes irán definiendo cómo se materializan estos objetivos en políticas públicas.

Así, en lo que respecta a los derechos mínimos indispensables para el desarrollo humano que se han venido conformando bajo la noción de derechos económicos, sociales y culturales (tales como vivienda, salud, educación, trabajo y vejez digna), proponemos que ellos sean reconocidos como un conjunto de fines u objetivos que orienten a los colegisladores y a la administración a la hora de diseñar las políticas públicas, todo ello para garantizar la búsqueda de una sociedad justa y digna. Será principalmente el legislador, en base al libre juego democrático de mayorías, el que deberá ir plasmando en el tiempo la mejor forma de lograr estos fines y priorizando entre ellos, según lo exija la realidad.

Adicionalmente, es imperativo que el Estado garantice a los chilenos la seguridad individual y colectiva, promoviendo la paz social. Sin seguridad individual, ningún ciudadano puede realmente gozar de la libertad y de los derechos que la Constitución le reconoce.

 

  1. Ampliar y fortalecer los derechos y libertades de las personas frente al Estado.

Los derechos que la Constitución chilena consagra han sido indispensables para lograr el desarrollo y progreso que el país evidencia, pero requieren ampliarse y fortalecerse. Ello, por cuanto el Estado puede entrar en conflicto con los mismos, sea por sus ineficiencias o negligencias, sea por el abuso en las funciones que debe cumplir. Por eso, entre otros, proponemos:

  • Robustecer el derecho a la no discriminación arbitraria, estableciendo expresamente motivos o categorías en virtud de los cuales no se pueden hacer diferencias;
  • Establecer la garantía de una pronta y oportuna administración de justicia, ya que las demoras en ella, la falta de amparo a la víctima o solución del conflicto, constituyen en sí misma una nueva forma de injusticia. La expresa obligación del Estado de proteger a las víctimas adoptando todas las medidas necesarias para que este derecho sea una realidad y no una utopía.
  • Consagrar expresamente las garantías del debido proceso, tanto judicial como administrativo. Así, todo ciudadano debe tener derecho a conocer la información con la que cuenta la administración, ser notificado de que existe una investigación en su contra, tener la posibilidad de defenderse oportunamente, entre otros elementos;
  • Constitucionalizar los derechos del ciudadano y el contribuyente frente al Estado administrador. Entre ellos, el derecho a ser tratado dignamente, ser asistido tanto en el cumplimiento de las obligaciones como en el ejercicio de los derechos; no ser sometido a dilaciones innecesarias ni a requerimientos de antecedentes que ya obran en poder del Estado;
  • Establecer un servicio autónomo que tenga como función resguardar los derechos de las personas frente al Estado, sus organismos y quienes operen servicios públicos en virtud de concesiones.
  1. Perfeccionamiento y nuevos derechos constitucionales

A partir de los derechos y libertades que nuestra Constitución ya reconoce, proponemos, entre otros, lo siguiente:

  • Resguardar y proteger la libertad y el derecho-deber preferente de los padres de educar a sus hijos;
  • Fortalecer la libertad de expresión protegiendo y promoviendo la creatividad humana y las manifestaciones culturales;
  • Garantizar de mejor forma el derecho a la honra y a la vida privada;
  • Reconocer el derecho al respeto de la identidad personal y a la imagen;
  • Establecer el derecho a la reinserción social y a la rehabilitación, debiendo el Estado desarrollar políticas concretas al efecto;
  • Establecer el deber del Estado de promover el emprendimiento privado y la innovación, permitiendo que el esfuerzo particular sea reconocido con el legítimo derecho al goce de las invenciones y resultados;
  • Constitucionalizar los derechos del consumidor. Lo anterior, con el propósito de prevenir y sancionar los abusos que se cometan;
  • Reconocer el esfuerzo que realizan las familias en el cuidado y formación de los hijos, señalando que el Estado deberá realizar políticas concretas de apoyo a las mismas, sin afectar su autonomía;
  • Establecer el derecho a una competencia limpia y libre en los mercados, señalando el deber del Estado crear las regulaciones y llevar adelante las fiscalizaciones que permitan resguardarlas.

 

  1. Una descentralización efectiva ante la desigualdad territorial y los bolsones de pobreza en el país.

Chile ha sido, tradicionalmente, un Estado unitario con carácter centralista. En las últimas décadas, atendido el debilitamiento de la vida rural, esto se ha acentuado, estimulando la pobreza en las regiones, la concentración territorial en la capital y la desigualdad de bienes y políticas sociales. Como compensación, no se han creado a nivel regional instituciones representativas ni administrativas que permitan el desarrollo igualitario e integrado del territorio nacional ni se han traspasado las atribuciones ni competencias necesarias.

Ante ello, entre otras iniciativas, proponemos:

  • Establecer expresamente el deber del Estado de propender al desarrollo igualitario del territorio nacional;
  • Redefinir la estructura de competencias de los gobiernos regionales en materia política, administrativa y fiscal, implementando instituciones que aseguren la transparencia, participación y seriedad de la gestión, impulsando la elección popular de intendentes, transfiriendo competencias administrativas desde el gobierno central al gobierno regional, y evaluando que estos gobiernos cuenten con instrumentos tributarios de carácter regional y locales;
  • Fortalecer a las municipalidades como la institución más cercana a la ciudadanía, junto con la participación local y la fiscalización pública de sus actuaciones;
  • Facultar, mediante normas transitorias, el establecimiento de reglas especiales de excepción a favor de las regiones;
  • Asegurar la transparencia, competencia, participación y control ciudadano y público de la gestión de los gobiernos regionales y comunales;

 

  1. Una Constitución que contribuya a un país humano, digno, solidario e inclusivo y multicultural.

Chile ha estado en la última década dando pasos importantes para incorporarse al grupo de los países desarrollados. Ello tiene una dimensión cuantitativa  (cifras) importante, tales como diversos indicadores económicos, institucionales, sociales y tecnológicos. Sin embargo, también importa hacerse cargo de aspectos cualitativos (humanos) de igual o mayor relevancia, los que miran, ya no a los próximos años, sino a la próxima generación de chilenos. Ellos están vinculados al respeto por las diversas formas de vida, individuales o comunitarias.

Sobre la base que existe una riqueza común en las distintas expresiones culturales que conforman nuestra nacionalidad, proponemos:

  • Consagrar de forma explícita nuestra condición de nación multicultural, junto con el deber del Estado de resguardar la diferentes expresiones como fuente de riqueza;
  • Reconocer expresamente a los pueblos indígenas y a los inmigrantes, como formadores de nuestra nacionalidad y valorando su aporte;
  • Establecer el deber del Estado de promover la creación artística y el acceso abierto a las manifestaciones culturales.

 

  1. Cambios al Régimen Político e institucional

Chile requiere que se analice, en el actual contexto, si sus instituciones de gobierno y régimen político son las que se necesitan para enfrentar los desafíos futuros. Hoy tenemos un régimen presidencial con una exacerbada concentración de poderes en el Ejecutivo, sin participación preponderante del Congreso Nacional en la gestión y las políticas públicas. Ello estimula los conflictos institucionales e impide la formación de coaliciones eficaces, junto con deteriorar la acción del Estado. Esta situación podría verse agudizada en un escenario de mayor atomización en la representación parlamentaria, producto de las últimas reformas al sistema electoral. Siendo así, en situaciones de dificultad, podrían producirse eventuales bloqueos entre los poderes del Estado, sin fusibles institucionales para abordarlas eficientemente.

Ante ello, proponemos la inclusión de un régimen semipresidencial para Chile. Entre sus lineamientos fundamentales, esta propuesta descansa en las siguientes ideas:

  • Conservar la figura y potestades del Presidente de la República, significativa en la cultura política nacional, como gran moderador, líder y supervisor de la política estatal, democráticamente electa;
  • Darle al Congreso, a los partidos y parlamentarios una dimensión gubernamental, con responsabilidad;
  • Subsanar el desbalance de poderes; e
  • Introducir dispositivos institucionales que operen como válvulas de salida frente a parálisis o crisis política.

En cuanto al mejoramiento de la democracia, sobre la base de la mayor participación ciudadana, proponemos estudiar la creación de un mecanismo de iniciativa popular de leyes así como la ampliación de los plebiscitos en el contexto de las atribuciones y competencias de los gobiernos regionales.

 

Integrantes Comisión de Asuntos Constitucionales RN:

Esta comisión se constituyó a comienzos del año 2014 bajo la dirección del Senador Alberto Espina O. y se encuentra conformada por los señores Víctor Manuel Avilés H., la diputada Paulina Núñez U., José Francisco García G., Alberto Naudon D., Gastón Gómez B., Teodoro Ribera N. y Pablo Urquizar M.

Diputado Berger y sus pares de bancada RN proponen elecciones complementarias para reemplazar vacancias en cargos parlamentarios

Mediante un proyecto de reforma constitucional, el diputado de Renovación Nacional Bernardo Berger –junto a sus pares de bancada- , propuso una fórmula para resolver las vacancias que se producen en los cargos parlamentarios: elecciones complementarias cerradas.

Según indicó el legislador por Los Ríos, “la medida busca establecer elecciones complementarias cerradas, donde solamente pueden participar como candidatos, independientes y militantes designados por el partido político del parlamentario que causa la vacancia, y en la cual sufragarán tanto militantes del mismo partido, como independientes del distrito o circunscripción, en una lógica similar a las elecciones primarias”.

De igual manera, en el proyecto se propone que en la medida que la vacante se produzca en el último año del periodo parlamentario, se mantengan las reglas actuales, es decir, que dicha vacante sea llenada por el ciudadano que el partido señale para ello. Esto se funda en un mandato de representación cuasi cumplido y en las repercusiones económicas que tiene la celebración de cualquier comicio electoral al término de un periodo.

Asimismo, la propuesta señala que los parlamentarios elegidos como independientes no serán reemplazados. En tanto, aquellos que hubieren postulado integrando lista en conjunto, con uno o más partidos políticos, serán reemplazados con elección complementaria cerrada, que organizará el partido político que el respectivo congresista haya señalado al momento de presentar su declaración de candidatura.

La iniciativa, presentada por Berger junto a una decena de diputados de la misma tienda política, fue ingresada el pasado 12 de mayo y se encuentra en etapa de estudio en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja.