control de identidad


Control de identidad

Por Alberto Espina, senador de Renovación nacional.

Los señores Juan Pablo Mañalich y Jaime Winter me imputan simpatizar con un Estado policial por haber participado en la aprobación de la Agenda Corta contra la Delincuencia.

No es así. De lo que soy partidario es que el Estado cumpla con su obligación de proteger un derecho humano fundamental de los ciudadanos, cual es su seguridad personal y la de su familia. Lamentablemente, esto último en una enorme cantidad de casos no ocurre en nuestro país. Prueba de ello es que según la información oficial del Ministerio Publico, el 93% de los casos de robos se archivan sin resultados y, según la Corte Suprema, existen 66 mil órdenes de detención pendientes por delitos graves.

La Agenda Corta contiene más de 30 cambios a la legislación vigente, con el propósito de mejorar la persecución penal a petición expresa de las policías y los fiscales, y se aprobaron luego de un amplio debate en la Comisión de Constitución del Senado.

Entre las materias más relevantes destaco el hecho de que los jueces no podrán bajarse de la sanción establecida en el Código Penal. Por ejemplo, el delito de robo con violencia tiene una pena de cinco años y un día a 15, y los magistrados no podrán bajar ese mínimo. Adicionalmente, hay normas que permiten enfrentar a fondo el tema de la reducción de especies, las facultades de las policías y la incorporación de agentes encubiertos para desbaratar a las bandas que operan impunemente en el país asaltando y robando.

En cuanto al control preventivo de identidad, esta norma surgió a petición de las policías, con el propósito de disminuir la gran cantidad de prófugos de la justicia por delitos graves. Consiste en que las policías puedan solicitar la identificación de las personas en lugares públicos otorgándoles en el mismo sitio todas las facilidades para que puedan hacerlo.

Si la persona se identifica por cualquier medio, el procedimiento termina de inmediato. Si se niega a identificarse, se le deberá permitir de inmediato contactarse con un familiar o la persona que indique y será trasladado a la unidad policial más cercana, no pudiendo ser ingresado a una celda ni tener contacto con personas detenidas, salvo que efectivamente tenga una orden de aprehensión pendiente. Este procedimiento, tratándose de mayores de 18 años, no puede durar más de cuatro horas, y en el caso de los adolescentes, no más de una hora y siempre deberán respetarse las normas de la Convención de los Derechos de los Niños.

Más aún, si el policía abusa en el ejercicio de esta atribución, por ejemplo discriminando arbitrariamente, quedará suspendido de su empleo, lo que en la práctica significará la pérdida de su cargo. Si se detuviera ilegalmente a una persona, enfrenta una pena de 61 días a tres años de cárcel.

Se agrega a lo anterior que la Policía deberá contar con un procedimiento estandarizado de reclamos e informar al Ministerio del Interior de todo lo relativo a estos procedimientos y los efectos que han producido en la disminución de la delincuencia.

En otras palabras, hemos tomado todos los resguardos para que la aplicación práctica de una norma de esta naturaleza impida los abusos, y de cometerse, sus autores sean sancionados.

Por cierto que el control preventivo de identidad es una molestia para los ciudadanos, pero si queremos disminuir los delitos graves, detener a los delincuentes prófugos y la policía expresamente solicita esta facultad, creo que es la mínima colaboración que las personas podemos prestar a la solución de un problema que por años es la primera prioridad de la ciudadanía.

Obviamente, no es la única medida, hay muchas otras que son necesarias de implementar, entre ellas, la coordinación de fiscales y policías que queda expresamente establecida también en la Agenda Corta.

 

 

Carta publicada por El Mercurio, el jueves 4 de febrero de 2016.

Diputado Fuenzalida valoró que Contraloría declarara ilegal campaña de la Defensoría Penal contra el control de identidad

A juicio del parlamentario RN la entidad trató de boicotear, con recursos públicos, el trabajo legislativo que apunta a reducir la alta tasa de delincuencia en el país.  

El diputado de Renovación Nacional e integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, Gonzalo Fuenzalida, valoró el dictamen de la Contraloría General de la República, que determinó que la campaña impulsada por la Defensoría Penal Pública en contra del proyecto sobre control de identidad, es ilegal.

A juicio del organismo contralor, la campaña “Que no te ganen los prejuicios”, utilizó “su personal y haberes para fines ajenos a los institucionales”. Además, agrega que “las acciones de la Defensoría Penal Pública, no se ajustaron al ordenamiento jurídico… absteniéndose de realizar acciones no vinculadas al propósito establecido por ley para dicha institución”.

Para Fuenzalida, “la respuesta de la Contraloría General de la República, es una señal clara y contundente, que la Defensoría Penal Pública actuó apartada a las normas jurídicas que la rigen, y que además intentó, a través de una campaña comunicacional, de boicotear el trabajo legislativo”.

Acto seguido, dijo que “conocido este fallo, el Defensor Público, debe dar un paso al costado. Resulta impresentable que un organismo de esta naturaleza, con recursos públicos, se dedique a contravenir un trabajo legislativo transversal, orientado a reducir la alta tasa de delincuencia en el país y que contó no sólo con el apoyo del gobierno, sino que además, de todos los sectores políticos”.

En esa línea, Fuenzalida espera que “el organismo público, se ajuste a las normas que la ley le establece y que cualquier campaña comunicacional que se realice, no sea alejándose de sus fines institucionales, estigmatizando una iniciativa parlamentaria y discriminando arbitrariamente a una persona por su apariencia, lanzó una campaña comunicacional con el objeto de que se ‘frene’ lo que ellos consideran ‘detención por sospecha´”.