Contraloría


Diputados RN recurrirán a Contraloría por faltas a la probidad administrativa de la Presidenta y sus ministros

Los parlamentarios solicitarán un dictamen que señale si la presidenta está sujeta a la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado y si sus ministros o agentes del Estado, pueden participar como sus testigos.

Hasta la Contraloría irán los diputados de Renovación Nacional, José Manuel Edwards, Gonzalo Fuenzalida y Paulina Núñez, para presentar un escrito solicitándole al organismo, un pronunciamiento respecto a una eventual infracción al principio de probidad administrativa en que incurren los ministros de Estado y otros agentes públicos, al colaborar en gestiones de carácter particular de la Presidenta de la República.

El texto se está elaborando luego de que se conociera que la querella presentada por la mandataria, contempla a tres testigos que se desempeñan actualmente en el aparato estatal como sus subalternos, incluyendo al ministro vocero de gobierno y a su jefa de gabinete-también involucrada en el caso Caval- Ana Lya Uriarte.

Respecto al tenor del documento que se presentará, el diputado Edwards explicó que “ la presidenta al decir que lo hace ( la querella) como ciudadana, lo que en efecto está haciendo es utilizando recursos públicos, recursos humanos públicos como los ministros que la defienden, o  infraestructura pública como las intervenciones en La Moneda, para fines propios”.

“Por lo tanto, no sólo la presidenta podría estar incurriendo en faltas a la probidad, bien lo pueden estar haciendo los ministros como el vocero Díaz o el Subsecretario Aleuy”, complementó el legislador.

Al ser consultado acerca del nombramiento de los testigos a declarar, el parlamentario manifestó: “Primero, Ana Lya Uriarte, clienta de Caval. Esto no tiene por qué ser la venganza de la familia Dávalos-Bachelet  en contra de la Qué Pasa. Segundo testigo, Ascanio Cavallo, él representa a Chile en la defensa de nuestros intereses nacionales ¿ Qué hace Ascanio Cavallo representando a la presidenta? Además, el vocero Díaz, quien es quien comunica a la población todas las decisiones del gobierno. Por lo tanto, aquí hay un problema grave de probidad”.

A su turno, el diputado Gonzalo Fuenzalida, señaló que “esta no es una querella de un ciudadano común, y al no ser una querella de un ciudadano común tenemos nuestros reparos, que se está faltando el principio de probidad”.

“Si funcionarios públicos –continuó-como el Ministro Diaz, el Subsecretario Aleuy y otros, están dedicando parte de su tiempo a esta acción, es una falta de la probidad”, recalcó el legislador.

Por último, el parlamentario detalló que “ diputados de  RN, concurrirán a la Contraloría, para que se pronuncie si hay o no falta a la probidad de Ministros y de otros actores del aparato público que reciben sueldos y si están haciendo defensa de un ciudadano común en una querella de injurias y calumnias que a nuestro  juicio no corresponde a un ciudadano común”.

En tanto, la diputada Núñez, manifestó con énfasis que “la querella de las Presidenta de la República refleja una vez más que ella no está gobernando para todos los chilenos y que su único objetivo es defender intereses personales”.

Finalmente concluyó que “ hemos visto que como persona natural no está actuando. El Vocero de Gobierno es quien la defiende públicamente y quienes van a ser testigos en esta Causa son funcionarios públicos, y por lo tanto, frente a todas estas dudas lo que queremos hacer por el bien de la ciudadanía es concurrir al máximo órgano Contralor, a la Contraloría General de la República, para que inicie una investigación en base a los antecedentes que vamos a proporcionar”.

Diputado Berger acudirá a la Contraloría por eventual persecución política a dirigentes de la Fenats de Valdivia

El parlamentario RN se reunió hace unos días con los representantes de los trabajadores de la Salud en dicha zona, quienes además del hostigamiento por parte de las autoridades, acusan una serie de irregularidades en el hospital de la ciudad.

Por medio de una declaración pública la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) de Valdivia, denunciaron ser víctimas de persecución política, además de una serie de irregularidades ocurridas al interior del hospital base de la capital regional.

Los dirigentes de la Fenats se reunieron hace unos días con el diputado de Renovación Nacional Bernardo Berger, a quien le entregaron los antecedentes para pedir su intercesión ante la Contraloría para iniciar investigaciones.

El presidente de la Fenats Valdivia, César Collao, argumentó que “de dos años a la fecha han sufrido de persecución y hostigamiento de parte de las autoridades de salud, por cumplir con nuestro rol fiscalizador al interior de la institución y dar a conocer estas irregularidades, lo cual es con el fin de proteger a los usuarios y funcionarios del hospital”.

Collao señaló que entre las irregularidades denunciadas que han dado paso a persecuciones se encuentran el sobreseimiento de un sumario administrativo por cobros indebidos, persecución política, abandono de infraestructura hospitalaria, como el mal estado de los elevadores y la pérdida de fichas clínicas dados a conocer por la prensa la semana pasada.

También evidenciaron microbasurales al interior de la institución y otras anomalías que están ocurriendo hoy en dicho recinto hospitalario, de las cuales habían puesto en antecedente a las autoridades responsables, pero sin obtener soluciones.

 

Intervención diputado Bernardo Berger

Por su parte, Berger expresó su preocupación por el ambiente laboral que hace dos años se viene percibiendo como “pésimo” al interior del Servicio de Salud y sus distintas reparticiones.

“Estas denuncias son en extremo preocupantes, porque una denuncia puede pasar, pero aquí hay una seguidilla en los últimos años, de acoso, de maltrato, de persecución, de irregularidades al interior del Servicio de Salud, particularmente en el hospital regional, y no se vislumbran puntos de encuentro y menos de solución”, afirmó el parlamentario RN.

Bereger sostuvo que “no se puede seguir tapando el sol con un dedo, aquí algo no está bien en la conducción del sistema de salud secundaria. Con los antecedentes que he recibido estoy concurriendo a la Contraloría y al ministerio para que se investigue. Me parece altamente preocupante que dirigentes laborales de distintas organizaciones, acusen maltrato y persecuciones, ese no es el Chile democrático que queremos, ni tampoco el sistema de salud pública que deseamos”.

RN acude a Contraloría por eventual discriminación del gobierno hacia la prensa

El diputado Nicolás Monckeberg aseguró que, al restringir la participación de medios en viajes presidenciales, La Moneda afecta la libertad de expresión. “No se trata de invitar a los amigos de la Presidenta (…) se trata de que el país se informe”, señaló el parlamentario.

Hasta la Contraloría General de la República llegó el pasado martes 26 de enero el diputado de Renovación Nacional, Nicolás Monckeberg, para ingresar un requerimiento por eventual discriminación del gobierno a la prensa al restringir la participación de medios de comunicación en viajes presidenciales.

“Hemos venido a pedirle al contralor que tome cartas en el asunto y que cuanto antes emita un dictamen que regule y establezca los límites que tiene la Presidencia de la República y cualquier autoridad para hacer uso de los recursos públicos como lo es el avión presidencial y cualquier gasto que incurra en una gira oficial, ya sea en Chile como en el extranjero”, partió diciendo Monckeberg.

A juicio del parlamentario “no es posible que hoy la Presidencia de la República intente arrogarse una facultad que no tiene, porque la Presidencia de la República no es la dueña de los recursos públicos y no puede entrar a discriminar, ni a seleccionar a dedo, discrecionalmente, qué medios de comunicación tienen derecho a cubrir una gira presidencial y que medios son dejados fuera”.

Monckeberg agregó que “no es bueno hablar tanto de fortalecer la democracia, sino que también hay que practicarla y aquí lo que estamos pidiendo es que el contralor tome cartas en el asunto, que cuanto antes emita un dictamen, que establezca los límites que tiene la autoridad para la organización de las giras y particularmente para el uso de recursos públicos, que prohíba cualquier discriminación o selección en base a criterios subjetivos de los medios de comunicación que asisten”.

El legislador del partido de la estrella tricolor advirtió que “si el Presidente de la República tiene o se arroga la facultad de decidir quién lo acompaña o no a la gira, es evidente que afecta la libertad de expresión por cuanto se va a hacer acompañar por los medios que menos lo critiquen o que más compartan la línea editorial del gobierno, eso nos parece grave y que debilita la democracia”.

Monckeberg explicó que “nosotros queremos que aquí exista un proceso objetivo. Si en una determinada gira no hay espacio para todos los medios, que el país entero sepa y que todos los medios de comunicación conozcan cual es el criterio objetivo por el cual algunos podrán ir en el avión presidencial y otros no”.

“Aquí no se trata de invitar a los amigos de la Presidenta de la República, ni a los medios que la critiquen menos, se trata de que el país se informe y que se informe con libertad de expresión y esta medida tiene que ser dejada sin efecto cuanto antes, porque precisamente afecta la libertad de expresión tan necesaria para cualquier gobierno de la tendencia política que sea”, remató el diputado RN.

RN cuestiona legalidad de plan de contingencia en Registro Civil ante Contraloría

Según el presidente del partido en el Biobío, Frank Sauerbaum, la estrategia del gobierno –especialmente el tema de los reemplazos- interviene en el funcionamiento de un servicio que no es de su dependencia y vulnera reserva de información de las personas.

En el marco de los 29 días que lleva el paro de funcionarios del Registro Civil, desde Renovación Nacional recurrieron a la Contraloría para que se pronuncie sobre la legalidad de la estrategia de La Moneda para abordar el conflicto.

De esta forma, en la presentación se puede leer que “el plan de contingencia implementado por las autoridades de gobierno a nivel nacional y regional es absolutamente ilegal, desde que se atribuye facultades legales que no tienen, interviniendo en el funcionamiento de un servicio que no es de su dependencia”

En ese contexto, el presidente regional de RN en Biobío, Frank Sauerbaum, señaló que “lamentablemente el gobierno termina un paro ilegal con un acto ilegal y lo que nosotros queremos es que el gobierno termine con esta situación y se ponga de acuerdo por fin, después de un mes, con los trabajadores del Registro Civil y vuelvan a prestarle el servicio que tantos chilenos estamos esperando ansiosos porque se vuelva a reanudar”.

Asimismo, en el requerimiento presentado por el partido de la estrella tricolor se advierte sobre una eventual “segunda infracción legal gravísima”, que consiste en la “violación de reserva de la información personal de cada persona que realiza un trámite en el Servicio de Registro Civil e Identificación”.

Para Sauerbaum, “la implementación del plan de contingencia del gobierno vulnera y pone en riesgo el cumplimiento de esta obligación de resguardo, ya que pone a cargo de estas funciones a trabajadores de otras reparticiones, que no se rigen por la Ley Orgánica del servicio aludido”.

Con todo, el timonel RN en la VIII Región, recordó que “este paro comenzó por una promesa que hizo el ministro Gómez de un bono y una mejora salarial que no se ha cumplido y que tampoco tiene, al parecer, intenciones de cumplir, porque no está considerado en la Ley de Presupuesto para el próximo año”.

Diputado Fuenzalida valoró que Contraloría declarara ilegal campaña de la Defensoría Penal contra el control de identidad

A juicio del parlamentario RN la entidad trató de boicotear, con recursos públicos, el trabajo legislativo que apunta a reducir la alta tasa de delincuencia en el país.  

El diputado de Renovación Nacional e integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, Gonzalo Fuenzalida, valoró el dictamen de la Contraloría General de la República, que determinó que la campaña impulsada por la Defensoría Penal Pública en contra del proyecto sobre control de identidad, es ilegal.

A juicio del organismo contralor, la campaña “Que no te ganen los prejuicios”, utilizó “su personal y haberes para fines ajenos a los institucionales”. Además, agrega que “las acciones de la Defensoría Penal Pública, no se ajustaron al ordenamiento jurídico… absteniéndose de realizar acciones no vinculadas al propósito establecido por ley para dicha institución”.

Para Fuenzalida, “la respuesta de la Contraloría General de la República, es una señal clara y contundente, que la Defensoría Penal Pública actuó apartada a las normas jurídicas que la rigen, y que además intentó, a través de una campaña comunicacional, de boicotear el trabajo legislativo”.

Acto seguido, dijo que “conocido este fallo, el Defensor Público, debe dar un paso al costado. Resulta impresentable que un organismo de esta naturaleza, con recursos públicos, se dedique a contravenir un trabajo legislativo transversal, orientado a reducir la alta tasa de delincuencia en el país y que contó no sólo con el apoyo del gobierno, sino que además, de todos los sectores políticos”.

En esa línea, Fuenzalida espera que “el organismo público, se ajuste a las normas que la ley le establece y que cualquier campaña comunicacional que se realice, no sea alejándose de sus fines institucionales, estigmatizando una iniciativa parlamentaria y discriminando arbitrariamente a una persona por su apariencia, lanzó una campaña comunicacional con el objeto de que se ‘frene’ lo que ellos consideran ‘detención por sospecha´”.

Concejales RN exigen a Contraloría que se pronuncie por actuar de autoridades frente a suspensión de clases en apoyo a paro de profesores

Con un oficio en la mano llegaron hasta la Contraloría General de la República los concejales de Renovación Nacional Felipe Alessandri (Santiago Centro) y Manuel Aguilar (Pedro Aguirre Cerda, PAC).

En el documento solicitan que la entidad se pronuncie sobre “la legalidad o ilegalidad” en el actuar del ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre; la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá y su par de PAC, Claudina Núñez, en cuanto a las “acciones, omisiones o negligencias en que han incurrido respecto del proceso de suspensión de clases” en algunos establecimientos municipales como consecuencia del paro de profesores.

“Más allá de la justificación o la explicación que tiene el paro docente, lo cierto es que este afecta directamente a los niños. Esta es una medida que no es buena y se sigue utilizando de forma reiterada”, afirmó Aguilar.

El representante de RN en PAC señaló que “tenemos la certeza, de que tanto la alcaldesa Carolina Tohá, como la alcaldesa Claudina Núñez, serían las primeras en criticar el mal rol que está teniendo el ministro de Educación en este momento en su ministerio si este fuera el gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

“Sin embargo –continuó Aguilar- como es el gobierno de la Presidenta Bachelet, hoy no opinan, omiten y esa omisión, esa apatía, violenta directamente a los niños, a su derecho a educación y sobre todo atenta contra la educación pública”.

Por su parte, Alessandri aseguró que “aquí la alcaldesa Claudina Núñez y la alcaldesa Carolina Tohá, que hoy se encuentra en la ciudad de Milán, están siendo cómplices pasivos de la ´no educación´ en la comuna de Pedro Aguirre Cerda y Santiago, respectivamente”.

El concejal por Santiago, recordó que “ellas por mandato legal tienen que asegurar la continuidad del servicio en materia de educación y estamos ya hace 10 días sin clases, lo que genera trastornos tremendos para los papás que tienen que ver como lo hacen con los niños en la casa”.

Además, Alessandri advirtió que los alumnos de establecimientos en paro “no están recibiendo el almuerzo que reciben en los colegios; no están recibiendo los municipios la subvención por cada niño que no está yendo a clases y esto ciertamente que es una ilegalidad que atenta contra los alumnos de Santiago, que en este caso son cerca de 6 mil, y también atenta contra los alumnos de la comuna vecina de Pedro Aguirre Cerda”.

Finalmente el texto presentado por los RN pide que “se ordene a las autoridades reclamadas que adopten las medidas pertinentes, en carácter urgente, a fin de garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar en favor de los niños, niñas, adolescentes, padres y/o apoderados”.

“Nosotros como concejales no estamos dispuestos a tolerar que estas señoras sean cómplices pasivos de este mal manejo del ministro Eyzaguirre y la Presidenta Bachelet”, remató Alessandri.