Contraloría General de la República


Diputado Pérez pidió a Contraloría que investigue licitación en Metro

El diputado Leopoldo Pérez llegó hasta la Contraloría General de la República para solicitar que se inicie una investigación, respecto al proceso de licitación y ejecución de la modernización de 35 trenes NS74, el que fue adjudicado inicialmente a una empresa por US$191 millones y luego se modificó el contrato, ampliado el monto a US$314 millones. 

Según el parlamentario RN, “me parece que la información es grave y preocupante, por lo tanto hay que investigar para aclarar dudas, ya que podría haber un mal uso de los  recursos. Por ello, utilizaremos todas las instancias disponibles para que se siga a fondo el proceso de licitación y ejecución”.

Sobre el cambio de contrato, que implicó un considerable aumento en la suma, el integrante de la comisión de Transportes dijo que “en este caso, al enfrentarse a un nuevo escenario, cabe preguntarse: ¿Negoció Metro bajo presión? La situación es compleja, dado el estado financiero de la empresa estatal, que no puede farrearse 122 millones de dólares”.

¿Qué pasa con los usuarios?

Preocupado por cómo esta situación podría afectar a quienes usan el servicio, el diputado Pérez señaló: “espero que el costo económico de las decisiones que toman quienes dirigen las empresas estatales no sea asumido por los usuarios. La gente está cansada de que este tipo de cosas sigan sucediendo, por eso es importante que todas las dudas sean aclaradas”.

Finalmente, el parlamentario RN recordó que “Metro no se arruga en subirle el pasaje a los usuarios, justificando un beneficio a los adultos mayores; sin embargo, está siendo cuestionado por el procedimiento en un millonario proceso de licitación que ya está en ejecución”.

 

Diputados RN solicitan que Contraloría se pronuncie por faltas a la probidad administrativa de funcionarios de gobierno

Hasta la Contraloría General de la República llegaron esta mañana los diputados de Renovación Nacional, José Manuel Edwards y Jorge Rathgeb, con el objetivo de solicitar al organismo, un pronunciamiento respecto a eventuales faltas a la probidad administrativa en que habrían incurrido algunos funcionarios de gobierno, en el marco de la querella presentada contra la revista Qué Pasa por parte de la Presidenta Bachelet, en su calidad de ciudadana.

En el documento, que fue entregado personalmente al Contralor General, Jorge Bermúdez, se cuestionan las intervenciones de respaldo a la querella, emitidas por el Ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz, y del Subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, puesto que a su juicio “ demuestran la confusión entre el interés particular de la Presidenta, en cuánto ciudadana, de los intereses generales del Gobierno y de la Administración del Estado; subordinando, quienes las emiten, los últimos al primero”.

En la misma línea, el texto señala que “Los Ministros de Estado son los colaboradores directos e inmediatos de la Presidenta de la República, pero no en los asuntos particulares de esta; sino, sólo y exclusivamente “en el gobierno y administración del Estado”. Por lo anterior, según los legisladores, con las acciones realizadas por Díaz y Aleuy “se contraviene especialmente el principio de la probidad administrativa, según el N° 4, del artículo 62,  de la Ley N° 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, cuando se ejecutan actividades, se ocupa tiempo de la jornada de trabajo o se utiliza personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales”

Tras el encuentro, el diputado Edwards explicó que “el problema que se genera de hacerlo como ciudadana (presentar la querella), es que ella está utilizando la infraestructura del Estado, La Moneda como dirección, el tiempo de sus ministros y también su trabajo, a través de declaraciones públicas, en  que ellos tratan de defender el interés particular  de la ciudadana Michelle Bachelet, y eso a nuestro juicio, genera un problema grave de vulneración al principio de probidad administrativa”

“Ellos están para trabajar para los chilenos-continuó- y no para beneficio personal de una u otra persona. Creemos que es muy grave lo que ha ocurrido, creemos que aquí hay un abuso de poder de parte de todo el aparataje del Estado en contra de periodistas, que lo único que han hecho, es transcribir una conversación telefónica”, agregó el legislador.

Por otra parte, Edwards manifestó: “ Nosotros estamos porque haya transparencia y porque la información pública, los medios de comunicación tengan la posibilidad de entregarla, para que el público se genere una opinión sobre lo que está ocurriendo”.

A su turno, el diputado Jorge Rathgeb fue enfático al señalar que “la Ley sobre Probidad Administrativa claramente establece que deberá haber una preeminencia del interés público por sobre el particular. Y además se agrega, que no se podrán destinar tiempo, ni recursos fiscales para situaciones de carácter particular”.

“Nosotros entendemos que si los ministros o subsecretarios han entregado parte de su tiempo y recursos para defender a una ciudadana, es evidente que se está atentando con el principio de probidad administrativa indicada en la ley 18.573, que además es extensiva y obligatoria para todos los funcionarios públicos del país”, concluyó.