Código de Aguas


Frank Sauerbaum, presidente RN Biobío: “Reformas al Código de Aguas, otra equivocación del Gobierno”

Muy preocupados, se encuentran en  RN Biobío, por las afirmaciones de la presidenta de la República, señalando que habría un mal uso de los derechos de agua, por lo que anunció que se reconocerá constitucionalmente al agua como un bien nacional de uso público en sus diversos estados, modificando sustantivamente el Código de Aguas.

Por otra parte, el delegado presidencial sobre la materia, expresó que tales derechos son cedidos por el Estado y éste tiene todo el derecho a pedir que se los restituyan, y que no se requiere nacionalizarlos o expropiarlos, porque sería devolver algo que siempre le ha pertenecido a toda la nación.

Los críticos de la actual institucionalidad han planteado que ésta presenta múltiples problemas, como el hecho de haber generado un supuesto mercado altamente especulativo en materia de derechos de agua, o de concentrar estos derechos en cierto tipo de actividades, en desmedro del consumo humano; incluso se le responsabiliza por el desabastecimiento que viven ciertas localidades, pese a la evidente sequía que afecta a gran parte del país.

Frank Sauerbaum, presidente de RN Biobío y ex diputado por Ñuble, señala al respecto “En torno al régimen jurídico de las aguas existe notorio desconocimiento en la opinión pública sobre su real alcance, lo que lleva a percepciones incorrectas. De acuerdo con nuestra tradición y legislación vigente, las aguas son bienes nacionales de uso público, aunque no lo consagre la Constitución. No son propiedad del Estado, sino que su dominio y su uso pertenecen a todos. Sin embargo, por tratarse de un bien escaso y altamente demandado, es necesario establecer un método de asignación para los usos particulares y que sean aprovechados productiva y eficientemente.”

En RN Biobío indican que “El Código de Aguas optó por la fórmula de constituir derechos de aprovechamiento que den seguridad jurídica y sean transables, de modo que el mercado los asigne según demanda y precio. Estos derechos están expresamente cubiertos por la garantía de la propiedad consagrada en la Constitución, y no pueden ser expropiados sin indemnización, precisamente para dar seguridad jurídica al inversionista, pues al ser el agua un insumo esencial, si no hay garantía de su disponibilidad, los proyectos se vuelven inciertos.

Sauerbaum, además agrega, “Consagrar el agua como bien nacional de uso público en la Constitución es factible y no supondría ningún cambio en la situación actual, y como cualquier legislación podría ser sujeta a ciertos perfeccionamientos. Pero algo muy distinto sería cambiar el estatuto de los derechos de aprovechamiento. Transformarlos en meras concesiones revocables, sujetas a la discrecionalidad estatal, tendría efectos negativos en la seguridad jurídica de una variada índole de proyectos y, consiguientemente, en la inversión