Senador Espina pide dictar ley para indemnizar a víctimas en La Araucanía

El parlamentario propiciará una glosa para la Ley de Presupuesto, con el fin de indemnizar a estas víctimas. Otras de las medidas propuestas por Espina son: condiciones especiales de créditos en el Banco Estado y dictar una ley que sea equivalente a la Comisión Rettig.

Un grupo de víctimas que representan la violencia en La Araucanía llegó hasta La Moneda, acompañados por el senador Alberto Espina, para reunirse, a solicitud del parlamentario, con el ministro del Interior, Mario Fernández, y poder contarle la situación actual en que viven, de temor y abandono, después de sufrir las consecuencias de un conflicto cada vez más radicalizado.

El senador Espina expresó que “la reunión con el ministro del Interior tuvo por finalidad mostrarle casos concretos de algunos de los cientos de víctimas de la brutal violencia que existe en la Araucanía, que quedan en el más absoluto y total abandono. Muchos de ellos pierden todo el esfuerzo de una vida de trabajo y el gobierno no puede seguir en una posición pasiva, sino que tiene que asumir un rol activo”.

En la reunión Espina presentó al ministro Fernández tres medidas en dirección a indemnizar a las víctimas de hechos violentos en La Araucanía. Aseguró: “Esto a mi juicio tiene tres acciones concretas. La primera; actuar frente al Banco del Estado para que les otorgue créditos a largo plazo en condiciones muy especiales, con el propósito que las víctimas puedan iniciar un nuevo emprendimiento; en segundo lugar, establecer una glosa en la Ley de Presupuesto para indemnizar a las víctimas de la violencia; y en tercero, dictar una ley que sea equivalente a la Comisión Rettig integrada por personas intachables y que indemnicen a todas las víctimas de la violencia con motivación política, a contar del año 90, ya que se trata de casos en que hay un evidente falta de servicio del Estado, y a esta comisión deberían concurrir todas las víctima y ser indemnizadas. Esa iniciativa legal la estoy preparando para presentársela al gobierno, ya que es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo, por nuestro régimen presidencial”.

Fueron cuatro los casos que llevó el parlamentario hasta el ministro del Interior: José Tabja y María Inés Pérez, propietarios de una constructora; Marcos Baratta y su familia, dueños de una manufacturera de madera que fue totalmente quemada; Carlos Rodríguez, pequeño agricultor y vendedor de ganado al que le robaron todos sus animales, además de que uno de sus trabajadores sufrió de secuestro; y el caso de Juan Rodríguez, a quien le quemaron su maquinaria, comprada con el capital ahorrado durante años de trabajo.

Mónica Provoste, esposa de Marcos Baratta, quienes fueron víctima el 2006 de un ataque a los dos galpones de su industria familiar, ubicada a cuatro kilómetros de Victoria, cuenta que “todo se prendió, nos dejaron en la calle y quedamos sin nada. Nuestra vida cambió radicalmente, no tenemos cómo volver a empezar. Sentimos una inseguridad terrible, susto, es andar todo el día con el corazón presionado, porque no sabes si van a volver, o no”.  Al ministro Fernández, la víctima del conflicto en La Araucanía le expresó que “quiero que nos devuelvan lo que nos quitaron, tan simple como eso. También queremos la seguridad de poder seguir trabajando, porque vivimos durante años en la incertidumbre de que en algún momento vuelvan”.

“Nosotros hemos tenido seis atentados en nuestra empresa constructora Victoria Limitada, estamos trabajando para la comuna de Ercilla y para las comunidades Mapuche, entonces es como atípico, porque nosotros estamos construyéndole en este minuto una escuela rural y casetas sanitaras  –en Ercilla– de las mejor calidad, y es como increíble que ellos mismos, los beneficiarios, te hagan un asalto”, relata María Inés Pérez, quien ha estimado las pérdidas en aproximadamente 300 millones de pesos y las cuales hoy los tienen en Dicom.

Respecto a la reunión con el ministro Fernández, José Tabja aseguró: “el ministro nos ofreció varias cosas, esperamos que se cumplan. Además, también estuvimos con el Subsecretario de Desarrollo Regional para solicitarle algunas medidas”.

Finalmente el senador Espina planteó que “esta situación no da para más. Los casos que llevamos son dramáticos, son de una brutalidad, en términos de la violencia cobarde ejercida en contra de las víctimas, que no puede el Estado de Chile seguir con una pasividad que resulta indignante, y además vergonzosa. El ministro se comprometió personalmente a avanzar en estas materias, y yo confío en que va a honrar la palabra empeñada”.