RN Biobío por uso de aguas: “Queremos que se respeten los derechos de agua adquiridos por la agricultura”

Muy preocupados se manifestaron en RN Biobío por la exposición del ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, quien el pasado miércoles 20 de agosto fue invitado a exponer a una sesión especial convocada por la Cámara de Diputados que tuvo como objetivo analizar el tema de los usos esenciales del agua.

Tras la sesión, el secretario de Estado anticipó algunos de los principales cambios que el gobierno está trabajando para perfeccionar el Código de Aguas y que apuntan a limitar y darles un carácter temporal a los derechos de particulares.

A eso se suma, además, el interés del Ejecutivo de empujar, en forma paralela, una reforma constitucional para reforzar el concepto del agua como “bien nacional de uso público”, que no está consagrado en la Carta Fundamental.

La idea no es nueva para la Presidenta Bachelet. Ya a inicios de 2010, cuando terminaba su primera administración, la Mandataria envió un proyecto de reforma constitucional que ratificaba que el agua tiene calidad de bien nacional de uso público. Esto, porque, aunque este principio estaba en el Código Civil y en el Código de Aguas, no tiene rango constitucional, razón por la que algunos juristas consideran que permite interpretaciones.

En ese sentido, el presidente de RN Biobío, Frank Sauerbaum, realizó algunas observaciones a esta situación. “Estamos conscientes  de la necesidad de otorgar la relevancia que el uso del agua se merece, en particular la destinada para el consumo humano y la agricultura, pero creemos que este proyecto de ley está pensado para la gran minería, por el uso del agua que esta actividad necesita. Pero no estamos de acuerdo que esta iniciativa vaya en desmedro de la agricultura,  sector que lleva décadas invirtiendo  en canales y obras de regadío con el fin de alimentar al país. Los derechos de agua que tienen nuestros agricultores han sido el fruto de su esfuerzo y años de lucha. Tenemos claridad que son necesarias las  modificaciones respecto al uso del agua, pero también queremos que su respete el derecho a propiedad también consagrado en la constitución”.

Durante el primer gobierno de Bachelet esta reforma contemplaba eliminar de la Constitución el inciso que otorga “la propiedad” de los derechos de agua a sus titulares. En su segundo mandato, Bachelet retomó la ofensiva. Si bien el Ejecutivo aún no toma la decisión acerca de cuándo reimpulsará la reforma constitucional, El Ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga reveló que por ahora se trabajará en los cambios al Código de Aguas

Una de las indicaciones plantea que la Dirección General de Aguas (DGA), del Ministerio de Obras Públicas, debe contar con atribuciones para limitar algunos derechos de agua en situaciones especiales, como por ejemplo temporadas de sequía. “Esas atribuciones las tiene que tener el Estado. El agua no es algo que se pueda resolver ciento por ciento por el mercado”, afirmó Undurraga.

El gobierno propone que se incorporen restricciones a la transferencia de derechos de agua que, en algunos casos, requerirán permisos especiales de la DGA, como por ejemplo cuando estos derechos se pasan de un uso a otro, desde la agricultura a la minería.

En RN Biobío añadieron que “sin duda el tema del agua merece una profunda y acaba discusión, mientras tanto debemos ser conscientes en el uso del  recurso y regular aquellos propietarios que hacen mala utilización de sus derechos. Propiciar soluciones como la reutilización del agua en la minería, aquella que usan para enfriar procesos de generación de energía, puede ser destinada a uso agrícola en zonas donde el recurso es muy escaso. Sin duda el  agua para consumo humano y la agricultura es lo que debiera ser lo más relevante de este proyecto. No ir transformándose en un “traje a la medida” para las mineras,  aunque reconocemos el valor que  tiene para Chile esta actividad. Para nadie es desconocido que todavía existen comunidades que sacan agua de norias, ríos o canales, porque no cuentan agua potable y no existe una prioridad en los usos”.

Finalmente el presidente de RN Biobío, Frank Sauerbaum sostuvo que “aún faltan conocer muchas otras indicaciones, como resolver el tema de los derechos ancestrales sobre el agua que tienen los pueblos originarios. El  Estado debe consultar su opinión, como lo señala el convenio 169 de la OIT”.