La diputada de Renovación Nacional (RN), Sofía Cid, patrocina una iniciativa que modifica el Código Penal que dice relación con las penas asignadas al delito de falsa alarma de incendio, emergencia, colocación de artefacto explosivo o calamidad pública, y las alteraciones del orden o seguridad pública, derivadas del mismo aviso.

Dado que el Código Penal es una de las legislaciones más antiguas que se encuentran vigentes en Chile, en algunas ocasiones las redacciones de ciertos artículos no dan cuenta de los nuevos fenómenos delictivos, por lo que no se hace justicia ante situaciones que se deben sancionar.  Uno de estos casos es el falso aviso o falsa alarma pública, como por ejemplo un aviso de bomba.

En ese sentido, la legisladora indicó que “el falso aviso de colocación de artefacto explosivo es una conducta que no se encuentra debidamente sancionada”, puesto que la ley la castiga con una pena de 61 a 540 días de presidio menor en su grado mínimo, sin considerar las consecuencias de afectación del orden y seguridad que puede ocasionar.

Dicha pena, la menor que en su naturaleza es reconocida en la legislación penal, no origina problema alguno a la gran mayoría de los imputados, por lo que tampoco es un disuasivo efectivo para su realización.

Con la propuesta de la diputada Cid, se busca actualizar la redacción del artículo 268 bis del Código Penal para mejorar su redacción en el sentido de señalar que toda clase de falso aviso de emergencia, calamidad pública o colocación de artefacto explosivo a cualquier organismo público encargado de reaccionar ante ello sea sancionado.

Como pena, se propone la de presidio o reclusión menor en su grado medio, es decir de 541 días a 3 años de cárcel.

Al mismo tiempo, se plantea aumentar en un grado, o sea de 3 años y día a 5 años, la pena aplicable en todos aquellos casos en que el falso aviso implique una grave alteración del orden o seguridad pública, con especial énfasis en la conectividad.

Finalmente, la parlamentaria señaló que “estas adecuaciones nos ayudan a proteger nuestra sociedad, a las familias y a disuadir a aquellos que quieran alterar el orden público, con penas más efectivas y ampliando el rango de resguardo”.