La violencia de un aborto: discutamos en serio – por Felipe Mancilla Mejías

Por Felipe Mancilla Mejías – Militante RN

En una columna publicada en El Mostrador el pasado 14 de Febrero, Farid Seleme, Presidente de la Juventud del PPD y Ricardo Godoy, Vicepresidente Nacional del Partido Progresista (PRO), postulan que el tema del aborto terapéutico en Chile estaría resuelto, debido a que, los sectores conservadores fueron derrotados por la ciudadanía. La tesis en que fundan esta máxima –basado en caricaturas y poco rigor académico– sería que los grupos “conservadores”, a través de sus recursos, han relativizado el proyecto moldeando la realidad para su propia conveniencia. 

A partir de ello, en las siguientes líneas intentaré hacerme cargo de algunas afirmaciones que se señalan y que llaman a la confusión de la ciudadanía.

En primera instancia, en la columna se señala como un debate ya ganado que en el siglo pasado dos de las tres causales de aborto en Chile (riesgo de la vida de la madre e inviabilidad del feto) hayan estado contempladas entre los años 1931 – 1989. Ante ello, los columnistas desinforman al señalar aquello, pues en 1931 el DFL 226 establecía en su artículo 226 que “sólo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo (…) con la opinión documentada de tres facultativos. Cuando no fuere posible proceder en la forma antedicha, por la urgencia del caso por falta de facultativos en la localidad, se documentara lo ejecutado por el médico y dos testigos, quedando en poder de aquél el testimonio correspondiente”.

Así mismo, el artículo 119 del citado Código Sanitario, contemplaba que “solo con fines terapéuticos se podrá interrumpir el embarazo. Para proceder a esta intervención se requerirá de la opinión documentada de dos médicos cirujanos”. A la vez, que éste artículo coexistía con el artículo 342 del Código Penal, el cual señala, “el que maliciosamente causare un aborto será castigado”. Como podremos darnos cuenta, dejando de lado los slogan y haciendo una correcta interpretación de la ley, comprenderían que más allá de promover el aborto –que es lo que culturalmente busca el proyecto de ley enviado por la Presidenta Bachelet–, el artículo 119 del Código Sanitario regulaba el aborto indirecto, mientras que, el Código Penal, penalizaba el aborto cuyo fin era provocar intencionadamente la muerte de un niño que está por nacer.

A lo anterior, es necesario agregar que nuestra legislación vigente –artículo 8 y 9 del Código de ética del Colegio Médico- permite el aborto indirecto, entendido como aquel tratamiento que tiene como efecto secundario, no querido y tolerado, la muerte del niño que está por nacer.Ante ello, no existe ninguna razón para que un médico deje de brindarle apoyo y tratamiento a una mujer embarazada que lo requiera para salvarle su vida, aun cuando, producto de esto muriese el niño. Esta práctica recurrente en la lex artis médica, nunca ha sido motivo de duda en la sociedad, en donde ni siquiera, ningún médico ha pagado penas por aquello.

Analizar el proyecto de Bachelet y pretender justificarlo socialmente a partir de un hecho histórico, no tiene sentido. Pues, como se pudo observar, en Chile jamás se ha permitido legalmente el aborto directo ni menos el aborto por inviabilidad fetal.

En segunda instancia, los dirigentes se muestran a favor del aborto en caso de violación, basado en que, como los sectores acomodados practican abortos en clínicas – de las cuales no hay cifras ni denuncias de las autoridades competentes– o en el extranjero, versus los más pobres, que lo practican en la clandestinidad; ergo, hay que aprobarlo.

Este argumento, resulta al menos llamativo y discutible desde dos aristas. La primera, tiene que ver con un sentido de justicia y derechos del no nacido. ¿Acaso es justo que una persona inocente tenga que pagar con su vida el delito de un tercero violador? Quienes apoyamos la cultura de la vida de manera integral, más que promover el aborto como primera y única solución, apostamos por soluciones humanitarias; como lo es el proyecto de ley –presentado por parlamentarios de la Nueva Mayoría– que establece un régimen de protección integral de la mujer con embarazo vulnerable y del hijo que está por nacer y que modifica la ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación (boletín 9873-11).

La segunda arista, se relaciona con un sentido de moral en el accionar público; del cual los columnistas no se hacen cargo. Es sensato cuestionarse, si, es o no moralmente reprochable el someterse y practicar abortos en la sociedad. Suponiendo, que los sectores más acomodados de éste país recurren al extranjero a realizarse abortos, ello jamás puede ser una justificación para aprobar algo que es moralmente reprochable en la sociedad, como lo es terminar con la vida de un niño no nacido. Al contrario, un Estado realmente solidario entiende que como sociedad tenemos una corresponsabilidad hacia el otro.

Quienes vemos a las personas como fines y no como medios, comprendemos que el aborto, tal como señalan la doctora Coleman en “Abortion and mental health” y como ha sido ampliamente demostrado por el epidemiólogo Elard Koch, genera secuelas físicas y psicológicas más graves que la misma violación. Desde el punto de vista físico, contribuye como factor de riesgo para futuros partos prematuros, que es hoy, en nuestro país, la primera causa de mortalidad neonatal. Mientras que, desde el punto de vista psicológico, las mujeres que abortan tienen mayor riesgo de problemas de salud mental, como tendencias suicidas, depresión, ansiedad, entre otros.

Legalizar la causal de aborto por violación debe ser evitado y jamás facilitado. Proponer como una solución, legalizar el aborto como una suerte de actos positivos o beneficiosos moralmente para la sociedad, al menos como propuesta es bastante reduccionista y simplista.

En tercer lugar, Seleme y Godoy aseguran que instituciones como la Universidad Católica “impondrían” una visión al negarse realizar abortos. Estos argumentos –con cierto tufillo totalitario­– no hacen más que dar cuenta del desmantelamiento institucional que quiere imponer la Nueva Mayoría a un Chile que hemos construido todos.

Como señala la experiencia comparada, existen cientos de casos en donde se les exime a las instituciones privadas de realizar abortos. Dado que, las instituciones –dotadas de un ideario y principios que se buscan promover en la sociedad– no son más que un instrumento al servicio de las personas que comulgan con aquella identidad.

Justamente, si las organizaciones tienen responsabilidad ética y jurídica es porque tienen valores, y en base a estos, actúan coherentemente. Por ello, son preocupantes los argumentos de los columnistas, pues reducen ineludiblemente la riqueza de una sociedad diversa y pluralista, a una sociedad menos tolerante y poco democrática. Es más, el texto del proyecto enviado por el Gobierno no reconoce el derecho al aborto. Por lo que en términos simples, no existe la obligación de practicar abortos.