La reforma del absurdo

Por Andrés Allamand – Senador RN

La Presidenta Bachelet ha señalado que en el debate educacional hay “una campaña del terror”. Está equivocada. Ella no advierte que el proyecto que impulsa es un grave error. La Presidenta Bachelet dice que los ciudadanos están viendo “fantasmas” y acusa a los medios de comunicación de desinformar. Nada de lo que afirma es verdad: la opinión pública ha leído el proyecto y expresa cada vez con más fuerza su rechazo al contenido del mismo.

El eje de toda reforma educacional debe ser el rol de los profesores, el proceso de aprendizaje, la inversión pública, la gestión de los colegios, los curriculums, los proyectos educativos y la “alianza estratégica” de los padres y las escuelas. El primer gran absurdo de la actual reforma, es que todos esos factores están ausentes. El Gobierno ha instalado el debate educacional en la cancha equivocada.

¿Cuál es el propósito de la reforma? Asfixiar la educación particular subvencionada.

De partida, no se podrá crear un solo colegio particular subvencionado más, con o sin lucro. El proyecto dispone que el Gobierno los autorizará sólo cuando discrecionalmente estime que hay “matricula insuficiente” en la comuna en que quieran funcionar.

En Chile hay 4.000 colegios particulares subvencionados organizados como sociedades educacionales. Son la alternativa preferida de las familias y tienen, en general, mejores resultados que los colegios municipales. Todos ellos deberían transformarse en instituciones de beneficencia. ¿Razón? Según el Gobierno, son un “negocio” y distraen recursos públicos que se los embolsan los “embaucadores” sostenedores. Una falsa caricatura.

Pero hay más: el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados obliga a todos los colegios subvencionados-con lucro y sin lucro- a ser dueños (y no tener deudas) de los inmuebles en que funcionan.

Para una gran mayoría es una exigencia imposible de cumplir por propia voluntad: los edificios pertenecen a terceras personas. Pero es una exigencia doblemente absurda. El Estado obliga a comprar aquello que los propietarios no quieren vender y obliga a vender muchos inmuebles que hace muy poco el mismo Estado ayudó a comprar. ¿Porque ayudó a comprar? Porque el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle aprobó y el Gobierno de Ricardo Lagos implementó la JEC (Jornada Escolar Completa) a través de la cual el Estado aportó enormes sumas de dinero a los colegios particulares subvencionados para mejorar la infraestructura, sin importar que fueran con o sin lucro. ¿Vuelta de carnero? Por supuesto: la antigua Concertación no creía que el lucro fuera un delito.

Desde otro ángulo, si los nuevos sostenedores lograran que les vendieran los colegios, el Estado se obligaría a gastar una enorme suma de dinero (el primer cálculo fue superior a los US$ 4.000 millones) financiando durante 25 años, a través de descuentos a la subvención educacional, la compra de los inmuebles. ¿No habrá otra forma más absurda de gastar los recursos públicos? ¿No es absurdo “recortar” la subvención, esto es, disminuir el gasto en educación para comprar forzada en innecesariamente inmuebles que ya funcionan como colegios?

Adicionalmente, a virtualmente todos los colegios particulares subvencionados se les prohíbe arrendar. ¿Porque?

Porque todos, aunque sean instituciones de beneficencia, están bajo sospecha de “lucrar”.

El proyecto termina con el financiamiento compartido, ideado por el Gobierno de Patricio Aylwin (1993) y apoyado por la Concertación durante los últimos 20 años. El sistema permite a los padres aportar al colegio ante el bajo monto de la subvención estatal. Hacia adelante, ello estará prohibido. Otro absurdo: si una familia tiene recursos para pagar un colegio particular pagado, puede hacerlo sin problemas, pero si es de clase media no puede hacerlo y debe unir su esfuerzo al del Estado.

Finalmente, el proyecto termina con la selección. Hoy en todo el sistema escolar no se puede discriminar arbitrariamente en los procesos de admisión. Y hasta sexto básico, los colegios no pueden efectuar pruebas de conocimientos. El debate sólo está referido a los colegios emblemáticos, como el Instituto Nacional: ahora se les autoriza a realizar pruebas que premian el esfuerzo. El proyecto las reemplaza por una tómbola, amenazando a los mejores colegios del sistema público chileno.

Una reforma educacional que no apunta a la calidad, que no favorece la equidad, que prohíbe a los padres aportar a la educación de sus hijos, que amenaza a los mejores colegios del sistema público y del particular subvencionado y que en vez de abrir colegios genera el riesgo de cerrarlos, no es sólo una mala reforma. Es una reforma absurda.