“La próxima reforma constitucional, que será votada en el Senado. Disminuye y afecta los derechos de aprovechamiento de aguas de nuestros agricultores”, afirma Frank Sauerbaum

Se están tramitando en el Congreso diversos proyectos de reforma constitucional sobre dominio y uso de las aguas. La reforma constitucional que se discute, propone una modificación al numeral 23 del artículo 19 de la Constitución Política de la República que busca consagrar que “Las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación”. Declara además, como utilidad pública “los derechos que sobre ellas se hayan constituido o reconocido”, señalando que será la ley la que “regulará el procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los actuales derechos y de las concesiones que sobre las aguas se reconozca a particulares”. Agrega también otra serie de mandatos generales y, finalmente, extiende el recurso de protección para garantizar el “derecho al agua”.

 

Ante esta situación, Frank Sauerbaum. Ex –diputado por Ñuble señala, si bien. “Los bienes nacionales de uso público, dice el Código Civil, son aquellos cuyo dominio pertenece a todos los habitantes de la nación. Las aguas, en conformidad al artículo 5 del Código de Aguas, “son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas, en conformidad a las disposiciones del presente código”. Como puede apreciarse, ya son las aguas en nuestro derecho bienes nacionales de uso público.”

 

El ex –  parlamentario por Ñuble, indica y enumera que “En consecuencia no estamos ante una reforma puramente simbólica sino que también ante una modificación constitucional que tiene, al menos en esta parte, los siguientes efectos jurídicos:

 

  1. i) Permite que más tarde, por la vía legal, se aumente el poder y facultades de los órganos públicos en la regulación de las aguas, sin que los derechos actuales sean una barrera infranqueable.

 

  1. ii) En esta línea, la reforma debilita los derechos ya constituidos y los que se constituirán hacia el futuro. En efecto, hoy la Constitución señala que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. La reforma debilita ese tratamiento pues ubica en un mismo plano jurídico dos reglas potencialmente contradictorias. Hoy la propiedad sobre el derecho tiene preeminencia sobre la declaración de bien nacional de uso público.

 

iii) Lo anterior tendrá evidentes efectos en la interpretación de las normas legales actualmente vigentes. Primero, frente a eventuales recursos de inaplicabilidad o de protección que puedan paulatinamente ir cuestionando normas vigentes del Código de Aguas que han “degenerado” en inconstitucionales tras la nueva reforma; segundo, en la resolución de conflictos más generales en los tribunales donde el antiguo “derecho de agua” se ve minusvalorado por una reforma constitucional que lo precariza.

 

El ingeniero comercial y MBA, se refiere a las preguntas por todos realizada “¿Por qué estos cambios?, ¿Qué sentido tiene seguir avanzando con una reforma que presenta tantas debilidades? ¿Contribuye a mejorar la regulación de las aguas debilitar los derechos de propiedad?. Sauerbaum afirma que “ En todo esto vale la pena recordar lo señalado por el Banco Mundial al destacar la seguridad jurídica que la Constitución le reconoce a los derechos de agua. Al respecto, señala que “aunque las aguas son bienes nacionales de uso público, y por ende excluidas del tráfico privado, los DAA (derechos de aprovechamiento de aguas) gozan de plena protección constitucional, como derechos de “propiedad” (Art. 19 Nº 24 de la Constitución), con el mismo estatuto jurídico de Bienes Raíces que tienen la tierra y los inmuebles. Así, tales títulos de propiedad forman parte del tráfico jurídico privado (es decir, ley civil en lugar de administrativa)”.

 

Finalmente el ex dipuatdo por Ñuble, señala “Nada de lo dicho hace recomendable la aprobación de una norma como la que se analiza. Los perfeccionamientos de la regulación de las aguas no requieren una reforma que, como un cheque en blanco, vista al Estado de atribuciones que se desconocen. Menos aún cuando esa reforma tendrá efectos inciertos en los derechos ya constituidos y en la judicialización de los conflictos en esta materia”