Lo he visto anunciado por aquí y por allá, dos o tres veces: el Gobierno estudia hacer modificaciones al Tribunal Constitucional con representantes de la oposición.

Planteado así, de modo tan abierto, suscita un mal pensamiento: ¿Estará el Gobierno creando una especie de moneda de cambio para transar con la oposición las reformas de contenido económico que son las que más interesan al equipo a cargo de la administración del Estado?

Consultado el ministro de Justicia competente, aseguró que no hay propósito de modificar el Tribunal Constitucional. Su negativa fue enfática, pero no vaya a ocurrir lo que hacen siempre los ministros de Hacienda la víspera de una devaluación: negarla a pie firme. De una devaluación se trataría, pero no afectaría la balanza comercial ni la inflación: sería un golpe al edificio institucional cuya cristalización y escudo es la Constitución.

Participé hace poco en la presentación de un libro de M. Carvallo que reúne entrevistas de muchas personas activas entre 1985 y 1995. Muy útil para pulir la memoria, pero de varias cosas relevantes una más importante: los voceros de la izquierda en todos esos años clamaban por el retorno a las instituciones que sin embargo antes habían combatido en todos los planos, puesto que eran mecanismos burgueses que debían ser destruidos mediante la violencia revolucionaria (v. gr., Congresos del P.S.; toda suerte de complicidades con el MIR; “acciones” revolucionarias, etcétera). Descubrieron muy tarde que esas instituciones no debieron nunca haber sido objeto de tiro al blanco.

Pasado el tiempo de la reflexión o del cálculo prudencial (1990 al 2010) y llegado el triunfo de la Nueva Mayoría, pavimentado por el gobierno que lo antecedió, se invierten ahora las posiciones. La propia M. Bachelet fue forzada a declarar que su primer gobierno no había estado a la altura de la demanda revolucionaria. Los gobiernos de Aylwin y Frei fueron también condenados como débiles, transaccionales, comprometidos con el neocapitalismo, vendidos al oro yanqui, etcétera.

Nuevo escenario: la izquierda es ahora claramente partidaria del vuelco institucional. El único estorbo para ello es la Constitución adaptada en más de treinta procesos de reforma, la última y mayor aprobada por el Presidente Lagos, quien estuvo de acuerdo en ampliar la eficacia del Tribunal Constitucional. De ella dependemos hasta la fecha para muchos factores beneficiosos, incluyendo la existencia, composición y campo de operación del Tribunal Constitucional. Restringir las facultades de este Tribunal, creado en 1970 bajo Eduardo Frei, especialmente el control preventivo que ejerce, equivale a dejar la Constitución abierta a ser modificada por parlamentarios ingeniosos ignorando el quórum aplicable a cada situación. ¡Y no vaya a ser que para completar el dislate, en las negociaciones que se esbozan vaya a entrar un acápite sobre reelección presidencial, que a tantos seduce!

La izquierda actual, mayoría en ambas Cámaras, con el lóbulo de las emociones ocupándolo todo, quiere cambios radicales. Si el Gobierno actual facilita esta involución, sería fatal para la sociedad chilena. ¿Por qué no tomar en cuenta el consejo de un valioso articulista de este diario?: juguemos el partido en la cancha que nos conviene. Habría que agregar que el partido en curso no es amistoso: se parece más bien al juego de la pelota practicado por los mexicanos precolombinos.

Carlos Larraín P.
Opinión
El Mercurio