Corte de Apelaciones de Copiapó, acogió a tramitación Recurso de Protección en favor de familias que sufren problemas sanitarios en Diego de Almagro

La Corte de Apelaciones de Copiapó, acogió a tramitación (declarado admisible) el recurso de protección interpuesto por el senador de Renovación Nacional (RN) Baldo Prokurica, junto al Concejal de Diego de Almagro, Mario Araya; en favor de más de un centenar de familias instaladas –por el gobierno-, en un barrio de emergencia de la Comuna de Diego de Almagro; las cuales permanecen –a más de un año y medio del aluvión del 25/M de 2015-, utilizando baños químicos en forma permanente y sin servicio de alcantarillado.

“Estamos muy satisfecho que haya sido acogido a tramitación este recurso por parte de la Corte de Apelaciones de Copiapó, ya que recurrimos a los Tribunales de Justicia, para que se puedan adoptar las medidas para proteger las garantías constitucionales –a estas familias-, contendidas en el Art N°19 y N°20 –Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, derecho a la vida y salud; que están siendo sufriendo estas familias”, indicó el legislador por Atacama.

Prokurica expuso que “ha pasado más de un año y medio, y estas personas continúan en casas de emergencia –y los más grave de todo-, no cuentan con alcantarillado, ni las condiciones mínimas y básicas como le corresponde a toda persona”.

“Después de tanto tiempo utilizando baños químicos, comenzó lo que habíamos adelanto… diversas personas afectadas por problemas de salud, producto de las malas condiciones sanitarias que enfrentan por tanto tiempo”.

“Es dramático el relato de estas familias –de Diego de Almagro-, que sufren la tremenda problemática de seguir viviendo –a más de un año y medio de los aluviones-, en casas de emergencia y utilizando baños químicos”, expuso Prokurica.

Así mismo, el legislador RN expuso que la presentación de un recurso de protección, es  la acción que la Constitución concede a todas las personas que como consecuencia de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufren privación, perturbación o amenaza a sus derechos y garantías constitucionales.

“Esperamos que se haga justicia con estas familias –más de 100-, que están viviendo en condiciones de insalubridad y con serio riego de contraer enfermedades”, concluyó.