Control de identidad

Por Alberto Espina, senador de Renovación nacional.

Los señores Juan Pablo Mañalich y Jaime Winter me imputan simpatizar con un Estado policial por haber participado en la aprobación de la Agenda Corta contra la Delincuencia.

No es así. De lo que soy partidario es que el Estado cumpla con su obligación de proteger un derecho humano fundamental de los ciudadanos, cual es su seguridad personal y la de su familia. Lamentablemente, esto último en una enorme cantidad de casos no ocurre en nuestro país. Prueba de ello es que según la información oficial del Ministerio Publico, el 93% de los casos de robos se archivan sin resultados y, según la Corte Suprema, existen 66 mil órdenes de detención pendientes por delitos graves.

La Agenda Corta contiene más de 30 cambios a la legislación vigente, con el propósito de mejorar la persecución penal a petición expresa de las policías y los fiscales, y se aprobaron luego de un amplio debate en la Comisión de Constitución del Senado.

Entre las materias más relevantes destaco el hecho de que los jueces no podrán bajarse de la sanción establecida en el Código Penal. Por ejemplo, el delito de robo con violencia tiene una pena de cinco años y un día a 15, y los magistrados no podrán bajar ese mínimo. Adicionalmente, hay normas que permiten enfrentar a fondo el tema de la reducción de especies, las facultades de las policías y la incorporación de agentes encubiertos para desbaratar a las bandas que operan impunemente en el país asaltando y robando.

En cuanto al control preventivo de identidad, esta norma surgió a petición de las policías, con el propósito de disminuir la gran cantidad de prófugos de la justicia por delitos graves. Consiste en que las policías puedan solicitar la identificación de las personas en lugares públicos otorgándoles en el mismo sitio todas las facilidades para que puedan hacerlo.

Si la persona se identifica por cualquier medio, el procedimiento termina de inmediato. Si se niega a identificarse, se le deberá permitir de inmediato contactarse con un familiar o la persona que indique y será trasladado a la unidad policial más cercana, no pudiendo ser ingresado a una celda ni tener contacto con personas detenidas, salvo que efectivamente tenga una orden de aprehensión pendiente. Este procedimiento, tratándose de mayores de 18 años, no puede durar más de cuatro horas, y en el caso de los adolescentes, no más de una hora y siempre deberán respetarse las normas de la Convención de los Derechos de los Niños.

Más aún, si el policía abusa en el ejercicio de esta atribución, por ejemplo discriminando arbitrariamente, quedará suspendido de su empleo, lo que en la práctica significará la pérdida de su cargo. Si se detuviera ilegalmente a una persona, enfrenta una pena de 61 días a tres años de cárcel.

Se agrega a lo anterior que la Policía deberá contar con un procedimiento estandarizado de reclamos e informar al Ministerio del Interior de todo lo relativo a estos procedimientos y los efectos que han producido en la disminución de la delincuencia.

En otras palabras, hemos tomado todos los resguardos para que la aplicación práctica de una norma de esta naturaleza impida los abusos, y de cometerse, sus autores sean sancionados.

Por cierto que el control preventivo de identidad es una molestia para los ciudadanos, pero si queremos disminuir los delitos graves, detener a los delincuentes prófugos y la policía expresamente solicita esta facultad, creo que es la mínima colaboración que las personas podemos prestar a la solución de un problema que por años es la primera prioridad de la ciudadanía.

Obviamente, no es la única medida, hay muchas otras que son necesarias de implementar, entre ellas, la coordinación de fiscales y policías que queda expresamente establecida también en la Agenda Corta.

 

 

Carta publicada por El Mercurio, el jueves 4 de febrero de 2016.