Contraloría arroja nuevas luces sobre responsabilidades del MOP en fallas del Puente Cau Cau

Mientras se espera que para este martes el ministro Alberto Undurraga comparezca ante la comisión de Obras Públicas de la Cámara Baja a requerimiento del diputado Bernardo Berger, esta semana la Contraloría General de la República emitió un nuevo informe de seguimiento en el marco de la investigación del fallido Puente Cau-Cau.

En él, señala que persiste el incumplimiento del MOP en devolver recursos que fueron mal pagados a la empresa constructora, y evidencia que se había advertido meses antes del colapso, que existían errores de cálculo en el sistema de levante que ponían en tela de juicio la seguridad de la futura estructura.

El informe de seguimiento es parte de la investigación especial N°22 de 2014 que lleva el órgano contralor, a solicitud de los parlamentarios Alfonso de Urresti y Bernardo Berger para precisar en el detalle las eventuales irregularidades en la asignación de mayores recursos en la ejecución de la obra a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad del MOP, y respecto de la cual ya se han pronunciado dos órdenes de restitución de recursos por un total de 2 mil 400 millones de pesos.

Entregado apenas unos días atrás a los requirentes, en él Contraloría sostiene que el MOP persiste en el incumplimiento de restituir los dineros correspondientes a “inclusiones indebidas de partidas en el proyecto original” e incluye ahora un sistema de pararrayos en la torre de control, que no vendría resuelto en el diseño original según el MOP.

Sin embargo, en su investigación el ente contralor descubrió que la partida sí había sido requerida en la licitación de la obra bajo el título “instalación de pararrayos y baliza destellante” e instruyó una vez más que la cartera “deberá realizar el descuento de los montos pagados en exceso por el sistema de pararrayos en la liquidación final del contrato, cuya legalidad será examinada en el trámite de toma de razón correspondiente” y que “adicionalmente (…) este hecho sería incorporado en el procedimiento disciplinario ya iniciado”.

LEVANTE

El informe también da cuenta de inconsistencias en la respuesta del MOP entregada en enero de 2015 a la hora de revisar la memoria de cálculo de los ejes-pivotes fijos y móviles para los cilindros hidráulicos del puente, y el cálculo de los ejes-pivote de giro del tablero basculante, piezas que fueron claves en el colapso de la estructura levadiza meses después.

Si bien el MOP había asegurado que los errores de cálculo se debían a una “omisión involuntaria por un error de redacción al momento de la presentación”y aseguraba que no afectaría la estabilidad del proyecto, la Contraloría finalmente estimó que el MOP no entregó “antecedentes de cálculo requeridos que en lo sustancial den cuenta de la seguridad de los elementos”, ello en referencia a las fuerzas y tensiones a que estaría expuesto el viaducto.

Al respecto el diputado Bernardo Berger indicó que “lo conocido a través de un periódico nacional a mitad de semana, sumado a la filtración de correos denunciada por canal 13 días atrás, y ahora los datos que arroja el nuevo informe de seguimiento de Contraloría, configuran un escenario escandaloso y ponen en tela de juicio las declaraciones que ha venido haciendo el ministro respecto a que desconocía los antecedentes que alertarían de eventuales fallas que, a la postre, sí ocurrieron en el Cau-Cau”, subrayó.

“Es necesario que se acabe este desorden. Los valdivianos y el país, tras este desastre constructivo y este desorden institucional, nos merecemos saber la verdad de los hechos tras este puente que, de orgullo, pasó a ser vergüenza nacional”, lamentó.

Todos estos nuevos datos serán analizados este martes en la comisión permanente del Parlamento. De no haber claridad en las respuestas, Berger no descartó seguir escalando en nuevas instancias fiscalizadoras al interior de la Cámara Baja, y que de acuerdo a la ley incluyen entre otras, la convocatoria a sesión especial, conformación de comisión investigadora, interpelación  y  acusación constitucional por abandono de deberes