Comisión de Gobierno del Senado despacha proyecto de ley sobre probidad en la función pública

La Comisión de Gobierno de la Cámara Alta, en tan sólo once sesiones, (desde el 18 de marzo al 22 de abril) despachó definitivamente el proyecto de ley sobre probidad en la función pública. Durante la primera quincena de mayo, la Sala de Sesiones estará en condiciones de pronunciarse sobre dicha iniciativa.

Al respecto, el Senador Alberto Espina, quien preside dicha instancia, señaló que “concluimos la tramitación del proyecto que fija normas de probidad para cumplimiento de la función pública que es un cambio de fondo para profundizar toda la información  de las autoridades, del patrimonio e intereses que tienen con el fin de evitar el tráfico de influencias y que, con toda transparencia, se sepa cuál es el patrimonio con que se entra y se sale del servicio público; así como los intereses que pudieran colisionar con el interés público”.

Asimismo, Espina precisó que la norma legal establece además dos caminos para “aquellas autoridades que posean acciones sobre un monto determinado: uno, es vender dichas acciones y transformarlas en activos y lo otro, es entregar dichas acciones a un mandatario que las administrará sin que los dueños se informen de su destino, en lo que se conoce como fideicomiso ciego”.

Finalmente, el parlamentario RN expresó que en la norma se definió lo que se refiere a la venta forzada de bienes que “significa que autoridades como el presidente, el contralor o los senadores y diputados tendrán la obligación de vender sus derechos sobre sociedades o empresas cuando tengan relación con el Estado, es decir, es incompatible tener una empresa que hace negocios con el Estado, si se es autoridad”.

Cabe recordar que en sesiones anteriores la Comisión de Gobierno del Senado ya había extendido la declaración de patrimonio e intereses de los cónyuges o convivientes de las autoridades o funcionarios públicos, como también se incluyó entre quienes deban realizar dicha declaración al Director Socio Cultural de La Moneda y a quienes se desempeñan a honorarios en los servicios públicos.